Abrir el proceso de designación de los nombramientos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México a la sociedad civil, ciudadanos y academia es el mayor reto que tenemos como diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ante la crisis de credibilidad por la que atraviesa la clase política en todos los niveles de Gobierno, tenemos una oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en las personas que los representan en el Poder Legislativo.
Hace unas semanas, algunos asambleístas les negaron a los ciudadanos la oportunidad de tener contrapesos en las Alcaldías, que serán gobernadas por un Alcalde y seis concejales del mismo partido.
Estamos a poco más de un mes de que se venza el plazo para crear el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y los dictámenes que componen el entramado jurídico para crear este instrumento de combate a la corrupción no han sido abiertos a la sociedad civil para que dé su opinión sobre ello.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo vienen sobrerrepresentados ya de origen desde la propia Constitución de la Ciudad de México, al imponer al Consejo de Evaluación de la Capital y al Órgano de Control de la ALDF en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
A nivel federal, ni el Congreso de la Unión ni ningún Consejo de Evaluación forman parte de esta figura.
No obstante que el Sistema Nacional Anticorrupción marca el piso donde debemos partir los Congresos para crear nuestros sistemas locales, la Asamblea Legislativa debe garantizar la progresividad de los derechos en la Ciudad, no ir en retroceso.
Hay que cumplir con la Constitución de la Ciudad de México, la cual estableció, por ejemplo, que el secretariado ejecutivo del sistema debe designarlo el Comité Coordinador a propuesta de su presidente, pues así se aprobó a nivel federal.
Los nombramientos del Sistema Anticorrupción de la CDMX es un asunto que merece toda nuestra atención porque serán piezas clave para la operación de este instrumento, al encar- garse de la identificación de las causas que generan hechos de corrupción y la formulación de los proyectos de informes y recomendaciones que emitirá el Comité.
Debemos respetar lo establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución de la Ciudad de México porque esto nos evitará más controversias constitucionales que tienen de por sí muy gastado al legislativo.
Tenemos que garantizar que se convoque a las instituciones de educación superior y a las organizaciones de la sociedad civil para que propongan a los mejores perfiles y que toda la discusión sea abierta, pública y atendiendo a la rendición de cuentas.
*Asambleísta del PRI
@DuniaLudlow