Para Javier Valdez, un mes de impunidad
“Que nadie nos arrebate programas de prevención del delito”, dijo en Aguascalientes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el verano pasado. La declaración es parte de una larga estela de discursos públicos y programas de gobierno sobre la prevención como una de las pocas vías a largo plazo para que México salga del laberinto de violencia y narcotráfico en que ha estado sumido en los últimos años.
Fuera del paraíso de estos discursos y salvo contadas excepciones locales, la prevención del delito en México vive días aciagos. Dos informes de la Auditoría Superior de la Federación a los que tuvo acceso El Heraldo de México, concluidos en el otoño del año pasado, coinciden en una demoledora afirmación: el gobierno de Enrique Peña Nieto diseñó programas de prevención pero ha conseguido resultados “incipientes” y básicamente, no saben si les han funcionado.
Uno de estos informes pone en blanco y negro la inseguridad en México durante la última parte del gobierno de Felipe Calderón y el primer año de Peña Nieto, con cifras alarmantes. Los delitos aumentaron en 41% entre 2011 y 2013; 23 millones de personas fueron víctimas de alguno. Mientras esto sucedía, el gobierno gastó 63% menos en inteligencia y realizó 40% menor cantidad de operativos. Los que realizó tampoco fueron monitoreados y no saben si resultaron útiles.
En 2015 el común denominador entre los programas fue la desinformación. Como ejemplos, la Comisión Nacional de Seguridad firmó convenios de colaboración pero no conoce qué resultados se alcanzaron; las autoridades “desconocieron el efecto” de los dos mil millones de pesos enviados a 283 municipios azotados por la violencia; y de 32 estados del país, solo se firmaron convenios con siete para transmitir datos sobre las víctimas de trata de personas. Sin datos, resultó imposible conocer el estatus ni el número de quienes han presentado denuncias por este delito.
Solo 1 de cada 10 averiguaciones previas (ahora llamadas carpetas de investigación) fueron consignadas. A juicio de la Auditoría, el ministerio público realizó una “limitada” investigación y persecución del delito.
Estos bajos resultados no fueron casuales. La auditoría detectó graves irregularidades en la partida que tiene como objetivo la administración del dinero para profesionalizar a los policías ministeriales, los ministerios públicos y mejorar las instalaciones. De este fondo, 427 millones de pesos fueron a “otras” cuentas bancarias, 74.6 millones se pagaron pero nunca se recibieron los bienes o los servicios que establecían los contratos y 5.5 millones fueron de pagos en exceso.
Las distintas auditorías repiten los mismos calificativos: débil combate al delito, descoordinada aplicación y desconocimiento sobre los resultados. Mientras sigan estos resultados, pocos resultados esperará México, al tiempo que en sus calles siguen sumándose los muertos, las fosas, la barbarie.
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