En 2014 la corrupción no era siquiera un tema que las encuestadoras midieran en México, cuando estudiaban la intención del voto. Ese año, en las encuestas de salida de Parametría, el voto en contra de la corrupción comenzó a meterse en las mediciones, espontáneamente, como una hidra que cala en la realidad a ras del suelo.
Un año más tarde, en 2015, Parametría comenzó a medir qué tanto importaba a los votantes a la hora de decidir su voto y de salir de su casa el día de las elecciones e ir a votar. “La gente ya está votando por temas, no por partidos. Ahí es donde la corrupción está ganando protagonismo y está superando los temas clásicos, como la inseguridad y la economía”, dijo a El Heraldo de México Francisco Abundis, director asociado de Parametría.
Una encuesta del diario Reforma, realizada en 2016 en Puebla antes de las elecciones para gobernador, concluyó que el combate a la corrupción fue el tema central para los electores como problema a resolver en su estado. El tema disputó también los primeros lugares en Veracruz y Chihuahua.
La corrupción ha sido la marca de este sexenio. Cada una de las crisis de gobierno ha tenido como punto central del escándalo la corrupción económica o los vínculos con el narcotráfico de distintos niveles del Estado mexicano.
Por eso no es extraño que las acusaciones cruzadas de corrupción hayan sido el tema más recurrente en las campañas políticas en el Estado de México, un territorio con 16.2 millones de habitantes, el mismo número que Panamá, Uruguay, Costa Rica, Belice y Puerto Rico sumados.
Los candidatos se han acusado de desviar fondos de empleados públicos para cuentas personales, de comprar votos utilizando dinero público, de orquestar maquinarias de control político para asegurar una jornada electoral en el que sus operadores, comprados o voluntarios, vayan a las casillas, de ser candidatos aparentes, que solo contribuyen a bajar votos del partido contrario.
Desde afuera, las elecciones del Estado de México han tenido como principal acusador de corrupción a la iniciativa Ahora, que apunta a que los millones de dólares desaparecidos en financiamiento a obras de la constructora española OHL en realidad fueron a parar a las campañas del Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo, ninguna acusación ha conectado la ruta del dinero que lleva hasta cómo se habría utilizado el recurso en las campañas para comprar votos, a diferencia de las investigaciones periodísticas de 2012, que probaron la utilización de movimientos de dinero para operar la maquinaria electoral a través de las tarjetas de los supermercados Soriana y el grupo Monex.
Si en 2012, con pruebas mucho más concretas, no se detuvo una elección de Estado, pocas esperanzas veo en esta ocasión para que las acusaciones de corrupción pasen de una anécdota que se mide en intención del voto, pero que no lleva a una consecuencia real en el Instituto Nacional Electoral ni en los tribunales electorales.
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