El asesinato de Jesus Javier Valdez Cardenas en Culiacán puso de relieve menos los problemas del periodismo que los limites a la autoridad en México.
El asesinato, como otros, fue seguido por una cauda de manifestaciones, demandas, ofrecimientos presidenciales y pronunciamientos de todo tipo. Muchos sinceros, otros pro-forma, pero en conjunto una señal del hartazgo y la creciente irritación provocada por los crímenes y la inseguridad.
Valdez Cárdenas fue el sexto reportero muerto este año en el marco de una violencia que solo es síntoma de un problema que castiga a la sociedad completa.
En términos reales, su muerte parece solo una señal de la impotencia de las autoridades para cumplir con una tarea fundamental del estado: la seguridad de sus integrantes.
No se trata de que los periodistas, especialmente aquellos en zonas ahora consideradas de riesgo, seamos o no merecedores de protección: lo que no debiera haber son áreas fuera de control donde la sociedad completa es sujeto y víctima de violencia. Pero la realidad es que la seguridad para los periodistas está íntimamente ligada con la seguridad para la sociedad.
La situación actual no es culpa de un solo gobierno, aunque sea muy simple -y correcto- culpar a sus actuales responsables. Es un problema de años, por no decir décadas, en el que poderes locales y quizá federales han hecho compromisos con los delincuentes, convertidos en poderes fácticos.
La situación de Guerrero no es de ahora; es una tragedia de décadas. La situación de Sinaloa, en Jalisco o de Tamaulipas no es nueva ni es crítica solo hoy: lo ha sido por años.
Es absurdo que la tranquilidad en una ciudad o una región dependa de las treguas o el dominio de tal o cual cartel; el mero pensamiento hace pensar que el poder del estado está hueco y el peligro de que así sea se traduce en las demandas crecientes por potencialmente antidemocráticas soluciones de dureza y de fuerza.
Lo mas simple, y de hecho la reacción natural, es culpar al gobierno; pero también hay que responsabilizar a los componentes del aparato político, económico y de seguridad: el conjunto de insuficiencias, de compromisos hechos a lo largo de años es ahora una pesada carga para la sociedad entera.
¿Podemos olvidar a aquellos personajes que se asegura medraron gracias a sus alianzas o sus tratos con narcotraficantes? ¿Podemos ignorar que los cuerpos de seguridad han sido campo de reclutamiento si no origen para grupos del crimen organizado?
Pero al mismo tiempo ¿podemos olvidar la permanente sensación de impunidad que rodea a muchos en nuestra sociedad? ¿El tráfico de influencias? ¿El desdén hacia la policía o hacia las leyes y la sublimación del "se acata pero no se cumple" que nos marca desde la Colonia?
Ciertamente no se puede ni se debe disculpar al actual gobierno y las autoridades en funciones, pero el problema no solo es de ellos sino de la sociedad y la nación enteras y como tal debe abordarse.
El asesinato de periodistas solo es el síntoma. La enfermedad es mas profunda.