La corrupción constituye un problema estructural y generalizado que ha afectado de forma importante al desarrollo económico, social, democrático e institucional de nuestro país. No es propio de quienes se encuentran en la toma de decisiones, la corrupción la encontramos en las calles, en las empresas y en nuestros trabajos, desafortunadamente es un tema cotidiano.
De acuerdo con el documento México: Anatomía de la Corrupción, publicado por el CIDE, los costos económicos de esta problemática representan pérdidas que van del 2% al 10% del PIB.
Durante años la sociedad mexicana ha demandado la creación de mecanismos e instituciones para combatir eficazmente a la corrupción en todos los ámbitos, sin embargo, poco se había avanzado. En este cotexto, el gobierno de la República incorporó como una de sus prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el combate a la corrupción y el fomento de una mayor rendición de cuentas.
Así, una de las líneas de acción del Eje I, México en Paz, fue promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos.
Además de la reforma constitucional en la materia, fue expedido un nuevo marco normativo y aprobadas modificaciones a diversas leyes que son fundamentales para establecer las directrices que seguirá el combate a la corrupción.
El año pasado, el Congreso aprobó la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como objetivo coordinar a las distintas autoridades federales y locales para investigar, prevenir, combatir y sancionar hechos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
El Sistema Nacional Anticorrupción busca coadyuvar al combate a la corrupción, así como recobrar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en un marco de respeto a la legalidad y la promoción de buenas prácticas en el servicio público.
Constituye un parteaguas fundamental para la consolidación y fortalecimiento del Estado de derecho, las instituciones y el bienestar de la población. Por ello, la elección del Fiscal anticorrupción es un tema de gran importancia que debe de analizarse consciente y responsablemente.
El proceso para la selección del Fiscal se ha hecho con gran profesionalismo, con apertura hacia la ciudadanía y una activa participación de la sociedad civil, por lo que su próxima elección representará un logro histórico hecho en beneficio de todos los mexicanos.
Estamos en un momento de gran trascendencia para nuestra sociedad, pero también de gran responsabilidad. El Sistema Nacional Anticorrupción es la columna vertebral, sin embargo, los mexicanos debemos combatir la corrupción también desde nuestra trinchera, debemos dejar atrás las prácticas corruptas y fomentar la honestidad y la legalidad.
* Ivonne Álvarez es senadora del PRI