Esta fue la Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, bajo el lema "Reducir la velocidad salva vidas". Una de sus conclusiones, es que ningún ser humano puede sobrevivir a un impacto a más de 50 kilómetros por hora.
La necesidad de reducir los accidentes viales, así como los problemas de movilidad que viven las capitales y ciudades medias mexicanas son un buen nicho para gobiernos y empresas de fotomultas. Por un lado, los primeros elevan su recaudación, mientras los segundos expanden el negocio.
Estas empresas son cuestionadas por lo caro de sus servicios y cláusulas en los contratos, pero el colmo es cuando además se habla de corrupción en asignaciones.
Uno de estos casos es el de la tapatía Intelftráfico, propiedad de Alejandro Araujo. Documentos obtenidos vía Transparencia revelan que Inteltráfico firmó un contrato con el municipio de San Luis Potosí en el 2014, bajo la administración del alcalde Mario García Valdez.
El contrato OM/CDLOP/014/14 para el Servicio de Levantamiento de Multas por Fotoinfracción le fue adjudicado directamente a la empresa, la cual se comprometió a instalar, operar y dar mantenimiento al equipo necesario como cámaras, radares, handhelds, vehículos, software, etcétera, que serían dados en arrendamiento al ayuntamiento. Así como a procesar los datos, impresión y entrega de multas a los ciudadanos. El municipio se comprometió a otorgar pagos mensuales dependiendo de la cantidad de multas cobradas y de los descuentos que tiene el ciudadano por pronto pago.
El primer pago realizado a Inteltráfico data de agosto de 2014 y es por 199,349 pesos; el segundo por 367,949 pesos y de allí cantidades menores hasta sumar 20 pagos; más uno último que sobrepasa por mucho estos montos sin explicación alguna. Dicho pago se realizó al final de la administración de García Valdez y es por 25 mdp.
De acuerdo con el contralor de San Luis Potosí, Enrique Alfonso Obregón, en tres meses se definirá la sanción a los funcionarios involucrados, incluido el alcalde, mientras la Sindicatura del Ayuntamiento ya emprendió medidas legales hacia la empresa.
Sin embargo, en Nuevo León, Inteltráfico obtuvo un contrato con Guadalupe, donde gobierna Francisco Cienfuegos, y busca firmar con Monterrey, dirigido por Adrián de la Garza.
En Guadalupe se negaron a otorgar copia del contrato -realizado también por adjudicación directa- alegando cuestiones de seguridad. ¿O algo esconden?
Parece que la corrupción lleva ventaja.