Tuvieron que pasar 50 años para que los habitantes del Fraccionamiento Campestre Murúa en Tijuana, Baja California, obtuvieron ayuda para tratar de frenar las enfermedades que padecen debido a las aguas negras residuales en la zona.
Las autoridades locales y estatales no les dieron solución, sin embargo, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que pertenece al Poder Judicial de la Federación, asesoró a los vecinos para que presentaran una acción colectiva con el objetivo de que se atienda el problema ambiental y una jueza resolvió a su favor en días pasados. En entrevista con El Heraldo de México, Josefina Uscanga, representante de los 58 vecinos afectados y que presentaron el recurso jurídico ante un juzgado de distrito, destacó los daños a la salud que enfrentan.
Incluso, el Instituto solicitó la elaboración de un dictamen pericial, pues estas aguas, al escurrir al aire libre sobre las calles del fraccionamiento generan estancamientos pestilentes al trasladar contaminantes patógenos y parasitarios, como heces fecales y orina, lo que ocasiona enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dermatitis, conjuntivitis, náuseas, dolor de cabeza y vómito, entre otras.
“Es un problema de más de 50 años, pero al ver los problemas en la salud nos acercamos a la autoridad inmediata, que para mí es el municipio, sin tener respuesta positiva”, dijo la mujer de 58 años de edad.
Créditos: Archivo El Heraldo de México
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
En temporada de calor, aseguró Josefina, el mal olor se agudiza y hay más enfermedades, pero tanto autoridades municipales como estatales negaron competencia, y al acudir a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), les respondieron que es una obra muy costosa y no cuentan con recursos.
“La problemática es un escurrimiento constante de aguas negras en toda una calle, viene desde un cañón, desconocemos el origen, en cuanto a si es derrame de alguna fábrica, de algún fraccionamiento, pero esa salida de aguas negras cae a un cañón y ese cañón a media distancia tiene un alcantarillado, pero no es suficiente, se derrama y el agua busca salida, sale a la calle Guasave y ahí es donde el problema está”, explicó.
Entre las autoridades demandadas están el ayuntamiento de Tijuana, el gobierno estatal y la CESPT. Antes de que se dictara la sentencia, Martín Morán Macías, asesor jurídico del IFDP en Tijuana, aseguró en entrevista que algunas autoridades han aceptado la responsabilidad, pero argumentaron que falta dinero, por lo que no hay fecha para que obtengan los recursos y realicen la obra.
Créditos: Cuartoscuro | Ilustrativo
“Aquí no hay otra cosa más que hacer las obras necesarias, infraestructura hidráulica para que los vecinos puedan gozar de un ambiente sano en un fraccionamiento”, dijo el asesor jurídico.
El pasado 29 de enero, la Jueza Décimo Quinto de Distrito en Baja California, con residencia en Tijuana, determinó que las autoridades demandadas están cometiendo actos u omisiones, conforme a sus atribuciones, que contaminan el medio ambiente, ya que son aguas negras residuales no tratadas que no cumplen con la normatividad mexicana y que inciden sobre la salud de la comunidad.
De acuerdo con la sentencia, la impartidora de justicia condenó a las autoridades a reparar el daño causado a la colectividad mediante la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la afectación, esto a través de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Morán Macías detalló que las autoridades apelaron esta resolución, por lo que el problema persiste.
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