Previo a que el Pleno del Congreso del Estado aprobara la convocatoria para integrar los tres Comités de Evaluación de aspirantes a 15 personas magistradas del Supremo Tribunal de Justicia, tres personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial y 69 personas juzgadoras en Primera Instancia de los distritos judiciales dentro del Proceso Electoral Extraordinario Local del Poder Judicial de San Luis Potosí del próximo 1 de junio, advirtieron de posible colusión con notarios públicos para intentar burlar algunos de los candados como los cinco años de residencia como mínimo.
Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre los cinco años como mínimo de residencia en la entidad potosina que deberán acreditar las y los aspirantes a competir por alguno de los 87 espacios judiciales, la diputada del PRI, Sara Rocha Medina increpó la Convocatoria que únicamente establecía como fuente comprobatoria el documento expedido por alguna de las 59 secretarías generales de los ayuntamientos potosinos y adujo que la residencia también podía acreditarse con alguna constancia expedida por un fedatario público.
Al respecto, el asesor de la Comisión, Hairo Omar Leyva Romero anteponiendo el "esto se queda aquí" a las y los diputados presentes, afirmó que en "más de una ocasión" se ha detectado que en procesos electorales ordinarios candidatos a un cargo de elección popular han presentado una supuesta residencia avalada por un notario público.
"Por eso se eliminó en esta ocasión el fedatario público para este requisito, uno es abogado y conoce a su gente, entonces pudiera pasar que a un fedatario público lo pusiera de acuerdo para cumplir un requisito", expuso el también durante muchos años representante ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac)del extinto partido local, Conciencia Popular.
Requisitos deben ser iguales a los que marca la ley
Sin embargo, la priista insistió que la elección de jueces y magistrados no puede tener requisitos diferentes a lo que marca la Ley Electoral y sostuvo que el Congreso no puede estar cuidando el actuar de los notarios ya que si se prestan a prácticas corruptas "es responsabilidad de ellos".
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