El jefe de Gobierno, Martí Batres anunció la publicación de la reforma en materia de límites a los aumentos en el costo de la renta de vivienda en la Ciudad de México.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino dijo que se pone freno a los incrementos excesivos en los arrendamientos de departamentos y casas de la capital del país.
Explicó que en el sexenio de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), las rentas se incrementaron ocho veces más que la inflación, por lo que está reforma es una de las reformas más relevantes que hemos logrado y tiene una repercusión social muy positiva, directa e inmediata.
“Esta reforma protege a las familias, aplica el principio de por el bien de todos, primero los pobres, al tema de la vivienda. Es un acto de justicia social, pone un alto a los abusos institucionalizados en materia de arrendamiento y permite comenzar a revertir la tendencia de aportar un porcentaje cada vez mayor de los ingresos para pagar la renta. Otorga los instrumentos necesarios para empezar a cerrar la brecha entre el ritmo de la inflación y el ritmo en los aumentos de las rentas”, indicó.
Martí Batres expuso que se pone orden en los contratos de arrendamiento al establecer un registro digital en el que deben de estar todos los contratos de renta de vivienda, y así da certidumbre a ambas partes, a los arrendatarios por supuesto, pero también a los arrendadores, de tal manera que en cualquier tipo de controversia hay certidumbre y la verdad objetiva respecto a las condiciones de los contratos.
“Se pone un freno más, no es el único, a los procesos de gentrificación, de expulsión de los más pobres, de sus barrios tradicionales e incluso de expulsión de la ciudad que alargan, por cierto, de forma permanente la distancia entre el centro de trabajo y el lugar de vivienda que va cambiando”, indicó.
El mandatario capitalino consideró que la reforma sienta las bases para el impulso de una nueva línea de política de vivienda adicional a las demás, adicional a la construcción de vivienda en conjunto, de mejoramiento de vivienda, de vivienda en riesgo, que es la construcción masiva de vivienda pública para renta a bajo costo que no se ha ensayado en la ciudad.
“Se pondera en esta política de vivienda social en renta a bajo costo a jóvenes, madres solteras, trabajadores, personas de bajos recursos y grupos de atención prioritaria. La aplicación, el cumplimiento de esta reforma implica necesariamente una tarea fundamental para la próxima administración, que es la construcción masiva de vivienda para las familias de clases populares. Aquí es importante señalar el entrelazamiento en esta transición, pues las políticas que hoy se anuncian se seguirán llevando a cabo en la próxima administración”, aseguró Martí Batres.
Lamentó que los particulares que construyen vivienda actualmente, y que lo han hecho de forma intensa en las últimas décadas, no construyen masivamente vivienda a bajos costos, y consideró que yay una sobre oferta de vivienda de interés medio-alto y no hay oferta desde el sector privado para los trabajadores y las clases populares, que son los que sufren el mayor déficit de vivienda.
“Esas viviendas que construyen las inmobiliarias privadas no satisfacen a quien requiere vivienda, porque no pueden acceder a los costos de las mismas. El gobierno de la ciudad es el que tiene que construir vivienda de forma masiva, en este caso, entre otras líneas, para rentarla a bajo costo, como sucede en otras ciudades del mundo, como sucede, por ejemplo, nada más y nada menos que en París, una de las ciudades más centrales del mundo occidental. Con eso se va a influir también en el mercado de arrendamiento, pues si hay vivienda masiva a bajo costo, naturalmente eso va a ayudar a inclinar la balanza en los costos del arrendamiento de otras viviendas no construidas por el gobierno de la Ciudad”, precisó.
La reforma establece en el Código Civil que “el incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior (...) se establecerá un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Para tales efectos, el arrendador deberá registrar sus contratos en un plazo no mayor a 30 días de celebrado el contrato”.
Y en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México se agregó que “el gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto promoverá la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos, además de proponer a la Secretaría de Finanzas facilidades administrativas y/o fiscales para apoyar la construcción de este tipo de vivienda conforme al programa institucional (...) garantizar prioritariamente la realización de este derecho de los sectores de más bajos ingresos trabajadores, madres solteras, personas jóvenes entre los 18 y 35 años y grupos de atención prioritaria”.
