El gobernador de Nuevo León, Samuel García, busca que diputados del Congreso estatal sean separados del cargo y puestos a disposición de un juez por no cumplir un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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García promovió ante el máximo tribunal un incidente de inejecución de sentencia por considerar que los legisladores incurrieron en desacato por incumplir la resolución de la SCJN del pasado 14 de febrero, en la que ordenó la reposición del procedimiento para elegir al nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León.
Corte da tres días al Poder Legislativo estatal para que informe de las acciones emprendidas
Este miércoles, a través de los registros judiciales, la Corte dio tres días hábiles al Poder Legislativo estatal para que informe sobre las acciones realizadas para que la Comisión Anticorrupción reponga el procedimiento de selección y la convocatoria para ocupar el cargo de Fiscal de Justicia en la entidad.
En los acuerdos del máximo tribunal se indica que, en caso de no cumplir, se le impondrá una multa.
“Previo a decidir lo que en derecho proceda respecto a las solicitudes hechas valer por el Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León para que, en el plazo legal de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este Alto Tribunal los actos tendentes a la reposición del procedimiento a que hace referencia la ejecutoria dictada en este asunto, debiendo adjuntar las constancias certificadas con las que acredite su dicho; apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa”, señala el acuerdo.
En febrero pasado, la Corte analizó una controversia constitucional que promovió el mandatario estatal porque no se solicitó una carta de antecedentes no penales en el proceso de selección de fiscal.
Los ministros determinaron que la Comisión Anticorrupción debía reiniciar el procedimiento de selección para que los interesados presentaran el documento, que debía ser expedido por la Agencia de Administración Penitenciaria.
MYPR
