La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México avaló la iniciativa enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, para prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, al reconocerla como delito y establecer las sanciones correspondientes para los servidores públicos que participen en él.
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En sesión virtual y por unanimidad, los legisladores locales aceptaron adicionar un artículo 276 Quater al Código Penal local para establecer que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
“Por las conductas descritas en este artículo, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos”, señala el dictamen.
Apuntaron que esta pena se incrementará en una mitad cuando estas conductas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades del servidor público.