El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) defiende jurídicamente a jueces que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por otorgar suspensiones contra la reforma judicial.
En entrevista con El Heraldo de México, la magistrada Taissia Cruz Parcero, directora del instituto, detalló que en el caso de tres juzgadores está activa la defensa mediante amparos y gestiones para acceder a las carpetas de investigación, pues se desconoce, incluso, el delito que se les imputa.
Hay otros ocho casos, en los que los impartidores de justicia -mujeres y hombres- también solicitaron la intervención del IFDP, y ya se le asignó a un representante jurídico, pero aún no realizan un acto concreto de defensa y se desconoce si hay una investigación de la FGR en su contra.
Aseguró que se está utilizando la vía penal para perseguir políticamente a estos jueces y amedrentar a los otros juzgadores para que nieguen las suspensiones contra la reforma.
“Perseguir a los jueces y juezas por sus criterios, cuando no hay un acto deshonesto detrás de esa resolución, ‘porque me dieron dinero, etcétera’, me parece que es una persecución política”, enfatizó.
Aunque ve difícil que las acusaciones prosperen y se emita orden de aprehensión contra los jueces, la posible llegada de juzgadores de consigna podría cambiar ese escenario, dijo.
“El daño ya está hecho, no creo que quieran avanzar también a tener jueces y juezas presos políticos”, señaló.
Cruz Parcero presenta este 4 de diciembre el informe anual de labores del IFDP, institución que encabeza desde el 1 de febrero de 2023, y que, aseguró, está fortalecida y sin afectaciones por la reforma judicial, pero debe estar alerta ante posibles cambios.
“Pensar en echar abajo o afectar de alguna manera en lugar de fortalecer el servicio de defensoría pública federal y local sería otro error histórico imperdonable”, enfatizó.
Logran libertad
El IFDP tiene casi 900 defensores públicos y lo integran 3 mil servidores públicos, y, de acuerdo con el informe de labores, del 16 de noviembre de 2023 al 14 de noviembre de 2024, el IFDP representó jurídicamente en materia penal a 32 mil 500 personas.
En ese periodo, realizó mil 804 solicitudes de revisión y cambio de la medida cautelar de prisión preventiva, en 730 casos porque las personas llevaban más de dos años privadas de su libertad sin sentencia y mil 74 en los que se argumentó la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
La magistrada detalló que en 805 casos se consiguió una resolución favorable y se obtuvola libertad tras el cambio de medida por la colocación de un brazalete de monitoreo electrónico, prisión domiciliaria, o presentaciones periódicas, esto luego de que los jueces aplicaron los criterios en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sobre la encuesta publicada por El Heraldo de México en la que el 75 por ciento de las personas consultadas están a favor de la prisión preventiva oficiosa en los delitos de extorsión y en los relacionados con fentanilo, pero el 72 por ciento dijeron no saber qué es esta medida cautelar, Cruz Parcero lamentó que para la gente esta medida sea una respuesta anticipada de justicia.
Luego del convenio del Poder Judicial de la Federación con el gobierno capitalino, el IFDP ha logrado la libertad de 39 mujeres acusadas de delitos del fuero común en la Ciudad de México, y también apoya a víctimas de feminicidio, ya que, en 37 asuntos por esta conducta, acompaña en los procesos penales a 40 sobrevivientes y a 84 familiares.
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