Cuatro de las cinco regiones con potencial para extraer petróleo no convencional mediante fracking en México enfrentan niveles críticos de disponibilidad de agua, lo que pone en riesgo tanto la operación de estos proyectos como el abasto de agua para consumo humano, reveló una investigación de CartoCrítica.
Las regiones afectadas son Sabinas y Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León; Burgos, entre Nuevo León y Tamaulipas; y Tampico-Misantla, en Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. La quinta región, en Veracruz, tiene una mayor disponibilidad hídrica, según el análisis publicado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt).
Limitaciones de agua
Los habitantes de estas zonas ya enfrentan limitaciones diarias en el suministro de agua, por lo que, de implementarse proyectos de fracturación hidráulica, la demanda superaría los recursos disponibles. La extracción mediante fracking, además de requerir enormes volúmenes de agua, también genera graves impactos ambientales, como la liberación de metano, la contaminación de fuentes de agua y los riesgos de sismos inducidos.
CartoCrítica estima que para recuperar sólo el 10 por ciento de los recursos no convencionales en México, serían necesarios más de 14 mil pozos nuevos, que requerirían hasta 470 mil millones de litros de agua. Esta cantidad es comparable al número total de autos en México, lo que subraya el enorme impacto que tendría en las regiones con estrés hídrico.
A nivel local, ya existen conflictos por el agua, como en Coahuila, donde Constellation Brands compite con la población local por el recurso. En Monterrey y Reynosa, el fracking podría agravar las crisis de desabasto de agua, especialmente en áreas dependientes de cuencas ya sobreexplotadas.
A pesar de intentos de las empresas por reducir el consumo de agua mediante reciclaje, estos métodos resultan costosos e inviables. La legislación actual no ha logrado frenar el uso de agua para fracking, lo que genera más tensiones y violaciones al derecho humano al agua.
La LXVI Legislatura tiene la oportunidad de proteger el agua al prohibir el fracking y regular su uso mediante la Ley General de Aguas. En manos de los 37 diputados de distritos con potencial para fracking está la responsabilidad de evitar que el agua se destine a esta tecnología dañina, garantizando su uso para la vida y el bienestar de las comunidades.
DRV