El Congreso capitalino aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.
En una sesión nocturna que no contó con convocatoria previa, los diputados pertenecientes a la tercera Legislatura avalaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión la misma tarde del miércoles.
Con 44 votos a favor 20 en contra, el Congreso capitalino, en su carácter de Constituyente Permanente avaló la modificación al artículo 105 establece que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”; al igual que la reforma al artículo 107 dispone que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
FOTO: Especial
Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, precisó que durante la aprobación de esta minuta se cumplió con el deber constitucional, a través del libre debate y la libre manifestación de las ideas de todas las expresiones políticas representadas.
“Nos hemos conducido con pleno apego a nuestra normatividad, privilegiando la pluralidad democrática”, recalcó.
Es por ello que el diputado priista Omar Alejandro García Loria replicó que esta medida representa una limitación a la capacidad de cuestionar y revisar los pactos sociales y lamentó que esa discusión no haya respetado los tiempos legislativos.
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, del grupo parlamentario de Morena, afirmó que esta reforma tiene el propósito de dar certeza jurídica y estabilidad al máximo ordenamiento legal del país, permitir el ejercicio de la soberanía popular a través de sus representantes legítimamente electos y clarificar que el actual sistema constitucional no considera que una reforma constitucional es impugnable.
Al igual que el diputado Manuel Talayero Pariente (PVEM), quien consideró que esta reforma es vital para el sistema jurídico, al proteger los cambios que el Congreso de la Unión y los Congresos locales realicen a la Carta Magna en beneficio del pueblo mexicano, como representantes de la voluntad popular, sin permitir extralimitaciones del poder judicial en el ejercicio de sus facultades.
No obstante, la diputada Lizzette Salgado Viramontes, del PAN, enfatizó que un poder reformador no puede estar por encima de la SCJN, pues esta es parte de un poder constituido que preserva el orden constitucional y quitarlo altera un equilibrio básico de los poderes del Estado.
En ese sentido, la emecista Patricia Urriza Arellano criticó a la mayoría legislativa en el Congreso local y expresó que esta no les da derecho a eliminar los mecanismos de defensa de la ciudadanía contra el poder.
En su intervención, el legislador Ernesto Villareal Cantú (PT) sostuvo que esta reforma es la ruta correcta para proteger el estado de derecho en México y restituir el carácter popular del régimen político, por lo que contribuye a fortalecer la división de poderes y la supremacía constitucional.
Mientras que el diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, señaló que los mecanismos de defensa señalados no van a desaparecer y sostuvo que los partidos que están en contra de la reforma son los que han hecho un mal uso de estas herramientas jurídicas, generando controversias constitucionales que afectan a la ciudadanía; e indicó que se busca fortalecer los derechos humanos con la voluntad política que el gobierno ha demostrado al atender las necesidades del pueblo.
Sigue leyendo:
Aprueban 8 congresos la reforma de “supremacía constitucional”
Sheinbaum gana Nobel Sustainability Trust por sus contribuciones a la sustentabilidad
edg