En medio de las fuertes críticas de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y funcionarias federales, ante el actuar del Fiscal de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, al acusar de homicidio a Esmeralda, una niña de14 años incriminada anteriormente por haber abortado, el gobernador de esta entidad, Mauricio Kuri, por fin se pronunció sobre el caso, solo en su cuenta de X.
“En este caso daremos atención especial a la familia y acompañamiento a la niña. A ella debemos escucharla y creerle, entender las circunstancias de su entorno y su contexto”, escribió Kuri.
Además, subrayó la necesidad de que la Fiscalía, cuyo titular declaró que se trató de un homicidio porque luego del aborto el producto tenía signos de estrangulamiento, actúe con perspectiva de género y sensibilidad social, enfocándose en el interés superior de la niñez.
“En el tema de la menor que ha estado siendo ventilado en los medios: Se trata de un drama social, que refleja la necesidad de mayores esfuerzos institucionales para apoyar a las niñas y adolescentes. También a las familias”, agregó en su cuenta de X el mandatario estatal.
Agrupaciones de derechos humanos solicitan a Kuri reconsiderar su postura
La organización Adax Digitales y otras agrupaciones de derechos humanos han solicitado a Mauricio Kuri reconsiderar su postura en el caso de la menor de 14 años originaria de Huimilpan. Mayra Dávila, representante legal de Adax, afirmó que un peritaje externo en patología forense muestra que el fallecimiento del producto habría ocurrido antes de la expulsión, contradiciendo la versión de la Fiscalía General del Estado, la cual, en conferencia de prensa el lunes pasado, sostuvo que el deceso se dio por estrangulamiento después del nacimiento.
Esmeralda, quien enfrenta un proceso legal por homicidio, habría quedado embarazada como resultado de violencia sexual. La asociación ha señalado fallas en el proceso de la defensa pública, acusándola de no integrar adecuadamente la carpeta de investigación ni de impugnar las decisiones judiciales en relación con el abuso.
Dávila enfatizó que el caso fue tratado de forma inadecuada y criticó la calidad de los peritajes de la Fiscalía, a los que calificó como deficientes y faltos de especialización, argumentando que la institución ha asumido una postura punitiva hacia la menor en lugar de brindarle apoyo.
Ante esta situación, Adax y diversas organizaciones nacionales, como GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) y la Secretaría de la Mujer federal, encabezada por Citlalli Hernández, han expresado su apoyo a la menor y se han sumado a la demanda de justicia.
Según los representantes de los colectivos, es inaceptable que la Fiscalía exija una reparación del daño de 518,000 pesos para el padre del producto, mientras que el agresor no ha sido vinculado a proceso ni enfrenta ninguna consecuencia legal por la violencia sexual ejercida contra la menor. Las organizaciones denuncian que esta solicitud de reparación del daño es contradictoria, dado que la menor, quien es la víctima, aún no ha recibido justicia.