La Fiscalía General del Estado de Querétaro, encabezada por Víctor de Jesús Hernández, ha emitido declaraciones sobre el caso de una menor de 14 años originaria de Huimilpan, quien enfrenta un proceso judicial por presunto homicidio. Durante una rueda de prensa, el fiscal informó que la menor no es acusada de aborto, sino de homicidio, y se encuentra bajo arraigo domiciliario, no en prisión.
Según la Fiscalía, la investigación reveló que el recién nacido habría sido estrangulado horas después del parto en 2023. Hernández explicó que hubo indicios de que el bebé mostró signos de respiración al nacer y, posteriormente, fue asfixiado. Estas pruebas fueron suficientes para que se procediera a la vinculación de la joven a proceso por homicidio, descartando el aborto como motivo de la acusación. “Hubo una respiración por parte del niño y, en este caso, con posterioridad se le generó la asfixia”, detalló el fiscal.
Medidas cautelares y protección a los menores en la ley
El fiscal Hernández aprovechó la ocasión para aclarar que, de acuerdo con la legislación mexicana, los menores no pueden estar en prisión ni en instalaciones penitenciarias tradicionales. En este caso, la menor se encuentra en arraigo domiciliario, que es una medida cautelar menos restrictiva y en cumplimiento con las normativas nacionales de protección a los derechos de los adolescentes. “Conforme a la legislación nacional, los menores no pueden estar en prisión, sino sujetos a un internamiento en un espacio distinto”, enfatizó Hernández.
En relación con el tratamiento legal del aborto, Hernández subrayó que en su administración no se ha promovido la persecución de este delito, y en este caso específico se determinó que no había elementos para judicializar a la menor por aborto. “La investigación avanzó hacia la integración de una carpeta por homicidio”, precisó, reiterando la inexistencia de elementos probatorios para tipificar el aborto.
La Fiscalía hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que se respete la privacidad de la joven, debido a su estatus como menor de edad y el carácter sensible del caso. “Es fundamental garantizar el respeto a la intimidad y a los datos personales de las personas que se encuentran involucradas en el proceso”, indicó Hernández, quien destacó que cualquier difusión de detalles podría representar una revictimización de la joven. También solicitó que se maneje la información de manera prudente, protegiendo los derechos de todos los implicados en el caso.
Participación de colectivos y colaboración interinstitucional
Respecto a la participación de organizaciones civiles, el fiscal aclaró la posición de ADAX, un colectivo que ha mostrado interés en el caso, aunque aún no ha presentado una representación legal formal. “En un proceso específico, siempre debemos respetar la diligencia debida para que la información se comparta con quienes tienen la representación legal”, comentó Hernández, destacando la importancia de oficializar la comunicación en el caso de un acompañamiento.
Finalmente, el fiscal señaló que la dependencia está colaborando con otras entidades, como la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, y mantiene comunicación estrecha con el gobierno federal y la Secretaría de las Mujeres. Estos esfuerzos buscan asegurar que se sigan los protocolos pertinentes y se respeten los derechos de las personas menores involucradas.
Proceso judicial contra la adolescente podría concluir en los próximos meses: Fiscalía local
La Fiscalía informó que el proceso judicial de la adolescente podría concluir en los próximos meses. A medida que avance, la Fiscalía mantendrá su compromiso de generar resultados con apego a los derechos humanos y la legalidad, priorizando la reparación del daño en favor de las víctimas de cualquier delito.
El caso ha generado un importante debate en torno al manejo de situaciones legales complejas que involucran a menores de edad, así como la necesidad de proteger sus derechos en todas las etapas del proceso judicial.
Colectiva Adax Digitales dice que la menor tuvo un aborto involuntario
La colectiva Adax Digitales denunció que la Fiscalía de Querétaro acusó de homicidio calificado a una menor de 14 años que sufrió un aborto involuntario y que había resultado embarazada tras una violación presuntamente cometida por uno de sus familiares tres años mayor que ella.
De acuerdo con la colectiva, la menor tenía menos de cuatro meses de gestación sin saberlo, y al ver la sangre que se produjo con el aborto, pidió apoyo a las corporaciones de emergencia y son éstas las que acusan a la niña de cometer un delito de homicidio doloso.
Mayra Dávila, presidenta de Adax Digitales, señaló que durante la audiencia intermedia del caso, la Fiscalía pidió 518 mil pesos como reparación del daño, que en este caso sería para el padre (su agresor), ya que fue acreditada su paternidad con una prueba, pese a que en su declaración negó los hechos.
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