Miguel Ángel Torres Ponce, el vocero del ayuntamiento de Tijuana, se encuentra en el centro de una controversia legal tras una denuncia penal presentada en su contra. La acusación, que sacude el ambiente político de la ciudad fronteriza, alega que Torres violó la Ley General en Materia de Delitos Electorales al involucrarse de manera indebida en el proceso electoral para favorecer la reelección de la alcaldesa Montserrat Caballero.
La denuncia, interpuesta a finales de diciembre por el abogado Román Antonio Aboytes Martínez, fue recibida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California. El caso se centra en una publicación en un periódico local titulada "Lidera Montserrat encuestas de Imerk: Miguel Ángel Torres", que destacaba la posición de la alcaldesa en las encuestas electorales. Según Aboytes, esta publicación constituye una clara violación de la ley electoral, al haber sido difundida por Torres, quien en su calidad de servidor público y director de comunicación del ayuntamiento, no debería participar en actividades que puedan influir en el proceso electoral.
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La legislación vigente en México es estricta en cuanto a la conducta de los funcionarios públicos en periodos electorales. Prohíbe el uso de recursos, bienes o servicios públicos para apoyar o perjudicar a cualquier candidato o partido político. La ley también sanciona la utilización de estos recursos fuera del horario laboral para fines electorales. En este caso, las acciones de Torres Ponce podrían interpretarse como un uso indebido de su posición y los recursos a su disposición para favorecer a la alcaldesa Caballero.
La trayectoria de Torres Ponce ha estado marcada por diversos incidentes que cuestionan su ética profesional. Ha sido investigado anteriormente por el mal uso de recursos públicos y está relacionado con el saqueo de recursos naturales en Ensenada, otro municipio de Baja California. Además, se le ha acusado de censurar a los medios de comunicación y de descuidar sus funciones, como se evidenció durante su gestión en la difusión de las actividades del congreso estatal.
La gravedad de las acusaciones actuales y su historial previo plantean serias dudas sobre la integridad de Torres Ponce como funcionario público. La ley establece penas severas para este tipo de delitos, que pueden incluir multas significativas y penas de prisión. En este caso, Torres podría enfrentar hasta mil días de multa y una pena de prisión de al menos cuatro años, si se demuestra su culpabilidad.
Para Aboytes Martínez, este caso resalta la importancia del cumplimiento estricto de las leyes electorales por parte de los funcionarios públicos. La integridad del proceso electoral es fundamental para la democracia, y cualquier indicio de manipulación o uso indebido de recursos para influir en los resultados debe ser investigado y sancionado adecuadamente.
"La situación de Torres Ponce sirve como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, especialmente aquellos en posiciones de poder y responsabilidad pública", expresó el líder del gremio jurídico tijuanense.
BRC