Los diputados que integran el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron formalmente una solicitud de juicio político en contra del alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, por las omisiones presentadas en la tragedia del incendio del Bar Beer House, donde 11 personas murieron en Sonora
El diputado Jorge Russo Salcido, coordinador del grupo parlamentario de MC, precisó que ellos no pueden emitir sanciones, declarar culpables o suponer ninguna situación, pero lo que pasó en San Luis es algo muy grave y la solicitud de juicio político es para aclarar a fondo el problema y detectar las omisiones.
“Se necesita que una autoridad ajena, un poder diferente, en este caso el Poder Legislativo, tome en sus manos el tema y haga una disección, eso es lo que significa el juicio, no significa culpable, significa encarar, investigar, hacer peritajes profesionales, eso significa juicio; posteriormente se dirimen responsabilidades”.
Por otro lado, el diputado Ernesto de Lucas señaló que fueron la única fuerza política de oposición que levantó la voz por este homicidio, porque son muertes que pudieron haberse evitado, si las autoridades municipales y estatales hubieran actuado a tiempo y cumplido la Ley.
Señaló que se había solicitado que los responsables de las áreas que debían verificar el Bar Berr House fueran separados de sus cargos, para que la Fiscalía de Sonora hiciera las investigaciones respectivas, pero no hay renuncia de ningún servidor público municipal.
La Legisladora Rosa Elena Trujillo, aclaró que la solicitud formal de Juicio Político se entregó por oficialía de partes y deberán ser los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside Jacobo Mendoza Ruiz, quienes la analicen y le den el curso correspondiente, donde hay plazos claramente establecidos.
Exigirían indemnización
Por su parte, la diputada Natalia Rivera Grijalva recordó que a partir del dos de junio está vigente en Sonora la Ley de Responsabilidad Patrimonial, donde se estipula que la responsabilidad que tiene el Estado y los municipios, cuando por acción u omisión se provoca un daño en la vida, bienes o salud de los ciudadanos.
Por lo que las víctimas del caso del Beer House tienen derecho a exigir una indemnización a las autoridades por el daño sufrido, solo deben iniciar la denuncia ante la autoridad responsable y en un plazo de 48 horas debe iniciar el proceso. Y esta ley no la paga la autoridad con los impuestos de los ciudadanos, sino que sale del salario del funcionario público encargado de este daño.
DRV