El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular fast track, con 259 votos a favor, 220 en contra y una abstención, la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales para asegurar que la venta de inmuebles propiedad de la nación se hagan bajo las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas.
Es la cuarta iniciativa en la sesión de este martes a la que se le dispensaron todos los trámites, la propuesta enviada al Senado de la República para su análisis, discusión y eventual aprobación, señala que Secretaría de Hacienda y Crédito Pública emitirá los lineamientos sobre el arrendamiento de inmuebles, para establecer, entre otros aspectos, el procedimiento de contratación, la justipreciación de rentas, la forma y términos en que deberá efectuarse el pago de las mismas y las obras.
Al presentar la iniciativa, la diputada de Morena, Ana Ayala, señaló que el objetivo de la propuesta es elevar los valores base de los precios de venta de los bienes nacionales, dejando en 100 por ciento en la primera licitación, el 95 por ciento del valor en la segunda licitación y en la tercera el 90, en lugar del 100, 80 y 60, respectivamente, que hoy establece la legislación, garantizando con ello al Estado un beneficio de un 30 por ciento.
“Mantener la normatividad vigente que permite disminuir el valor base de los inmuebles federales hasta en un 40 por ciento, redunda en una afectación significativa en la venta de los bienes públicos, incluso facilita la configuración de prácticas de corrupción en la adquisición de inmuebles federales, en razón de que las personas licitantes pueden acordar la participación y ofertas en estos procedimientos para provocar una segunda o tercera licitación en las que disminuye el valor del inmueble”, señaló la legisladora.
Las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y MC, acusaron que la iniciativa busca establecer que la Secretaría de la Función Pública no participe en la elaboración de los lineamientos de arrendamiento de inmuebles, que ya no pueda pronunciarse sobre contratos de arrendamiento financiero con opción a compra y que ya no pueda autorizar el gravamen de bienes inmuebles, quitándole facultades y dándosela a la Secretaría de Hacienda.
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“Como todo lo que propone este gobierno, es un paso más a la opacidad, muchas de estas problemáticas son evidentes violaciones, por esa prisa de aprobar al aventón, mientras la mayoría viola el marco jurídico, el reglamento en el pleno por puros caprichos presidenciales, soberbia y autismo político”, señaló la diputada de MC, Teresa Ochoa.
La iniciativa señala que las dependencias o las unidades administrativas de la Presidencia de la República podrán celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero con opción a compra.
El ejercicio de esta opción será obligatorio, salvo que a juicio de la Secretaría no sea favorable a los intereses de la federación. Para la celebración de estos contratos, se deberán atender las disposiciones presupuestarias aplicables y obtener la autorización previa de la Secretaría.
Establece que para determinar el valor de los inmuebles respecto de los cuales las dependencias y entidades pretendan adquirir la propiedad por cualquier medio, podrán solicitar los avalúos correspondientes a la Secretaría, a las instituciones de crédito o a corredores públicos.
Con información de Jorge Almaquio García
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