Autoridades estatales determinaron rescindir su contrato de interinato a Araly Rodríguez Vez, trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) señalada de haber recibido contratos con los que supuestamente cobró hasta 100 millones de pesos.
El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, confirmó que a la empleada administrativa ya no le será renovado el contrato, por lo que se dialogará con el sindicato que la respalda.
“Aquí, hoy, les aseguro que le vamos a culminar su interinato. No me acuerdo qué sindicato es, vamos a dar corte a este interinato”, enfatizó el funcionario estatal.
También confirmó que el salario mensual de Araly es de aproximadamente 10 mil pesos mensuales y que la mujer no es trabajadora de las oficinas centrales de la SEV, que se encuentran sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, en la capital del estado.
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Escobar García también descartó que la dependencia a su cargo tuviera conocimiento de que Rodríguez Vez fuera “prestanombres” de alguna empresa, pues dicha información no aparece en la base de datos de la SEV.
“La Secretaría no es su lugar de trabajo, ella trabaja en una institución, en una escuela administrativa, no está en oficinas centrales. No está basificada, no tiene una base dentro de la Secretaría de Educación”, enfatizó.
El Secretario de Educación de Veracruz aseveró que se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes contra la trabajadora, como lo ha señalado puntualmente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
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Antecedentes
El pasado lunes 6 de febrero, el mandatario estatal confirmó que la burócrata es investigada por haber recibido contratos millonarios de distintas dependencias de gobierno, siendo “representante” de una empresa.
Araly confesó ser “representante” de una compañía. Además, recibió 40 millones de pesos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por contratos celebrados para la venta de uniformes a la dependencia.
Ella también fue beneficiada en administraciones pasadas con siete contratos para la venta de batas quirúrgicas por un monto que asciende a los 34 millones de pesos; sin embargo, el giro de su compañía era de bienes informáticos y mobiliarios.
La mujer recibió dos contratos por más de 2 millones y medio de pesos por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF).
El caso se hizo público desde las comparecencias del año 2021, cuando el legislador priista Marlon Ramírez Marín cuestionó que la mujer había sido beneficiada con al menos siete contratos en la Secretaría de Salud, cuando Roberto Ramos Alor estaba a cargo de la dependencia.
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srgc