Amnistía Internacional rechaza categóricamente la decisión del Senado de la República de lo que llamó legalizar la militarización de México y señala que representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que la aprobación de la iniciativa que autoriza que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incumple los tratados internacionales en los que el país es parte.
“Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años. En vez de seguir por este camino, llamamos al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública. Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad”, dijo
Expuso que las reformas aprobadas por el Senado hoy son las últimas de una serie de leyes e iniciativas que terminan de ceder el control a los militares en el desempeño de funciones de seguridad pública en México desde 2006, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”.
Olivares Ferrero expuso que este enfoque militarizado de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos.
“Más de 100,000 personas se encuentran desaparecidas en México, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. La SEDENA ha sido objeto de más de 4 mil quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014”, expresó.
Insistió en que las cifras oficiales sobre desaparición forzada, privación de la vida, tortura, tratos crueles e inhumanos, entre otros, dan cuenta que la política de Estado de los últimos 16 años en materia de seguridad pública ha agravado aún más la ya grave crisis de derechos humanos que vive el país.
Sigue leyendo:
Reforma Guardia Nacional: ¿Sedena se hará cargo de las tareas de inteligencia?