Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para despenalizar por completo el aborto en la capital, y con ello no tener como limitante para la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
Las diputadas locales de Morena Yuriri Ayala y Ana Francis López explicaron que con esto las mujeres podrían abortar en el momento que consideren oportuno.
En la justificación, las diputadas recuerdan que el pasado 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, la cual determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
Asimismo, señaló que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo.
Derechos de la mujer
No obstante, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.
“Por lo tanto, estableció el Pleno, criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción”, señalaron las diputadas.
La propuesta busca derogar los artículos 144, 145 y 148 del Código Penal de la capital en los que se estipulan las sanciones por abortar después de las 12 semanas de embarazo.
Aunque, dejaron en claro si habrá sanción, salvo que se trate de un aborto forzado sin el consentimiento de la mujer embarazada.
La pena para estos casos, comentaron sería de cinco a ocho años de prisión; “si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a diez años de cárcel”.
Asimismo, dijeron que, si la interrupción forzada del embarazo la causare un personal médico especialista, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan se le suspenderá en el ejercicio de su profesión u oficio por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones unidad de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género para su análisis y dictaminación.
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