Por considerar que expresiones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, forman parte de Violencia Política en Razón de Género en contra de 20 diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, concedió medidas cautelares a su favor.
Las legisladoras denunciaron a Sansores San Román, a Erick Reyes León, delegado presidente de Morena en Campeche, al partido político Morena, a diversos influencers, y a quien resulte responsable, por la presunta comisión de actos constitutivos de Violencia Política en su perjuicio, derivado de la publicación y difusión de diversos contenidos en redes sociales por distintos perfiles de internautas y por declaraciones hechas por la mandataria estatal en donde aseguró tener fotografías que las priistas habrían enviado al líder nacional, Alejandro Moreno.
La Comisión del INE ordenó a los involucrados, para que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder 3 horas, retiren las publicaciones denunciadas.
También presentaron como medidas de protección: a) prohibición de comunicarse con las víctimas, b) limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas o lugar determinado y c) la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas o a personas relacionadas con ellas.
FOTO: Especial
La Comisión de Quejas concluyó que, en apariencia del buen derecho, 61 publicaciones -9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike- tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes.
Señalaron que, en apariencia del buen derecho, las expresiones analizadas contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género en perjuicio de las diputadas denunciantes, en tanto que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes.
En este caso, se determinó procedente la tutela preventiva, pues existe un indicio que dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que las personas denunciadas -con excepción a la gobernadora de Campeche, en atención a que la Sala Superior en el Acuerdo SUP-JDC-613/2022 ya ordenó similares medidas a la denunciada- incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de Violencia Política de Género.
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