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Comparecen los 8 imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro

Al cierre de la edición seguía la audiencia contra los ocho exfuncionarios por este caso

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Al cierre de la edición seguía la audiencia contra los ocho exfuncionarios por este caso
Al cierre de la edición seguía la audiencia contra los ocho exfuncionarios por este caso Créditos: Cuartoscuro

La situación jurídica de ocho imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro, entre ellos Enrique Horcasitas, no fue definida al cierre de esta edición.

Se contemplaba que la audiencia fuera reanudada a la medianoche y continuaría en las primeras horas del miércoles 20 de julio. Ayer reinició la audiencia, donde se definiría la vinculación o no a proceso, después de que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional la semana pasada.

La cita fue a las 8 de la mañana de este martes, en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde acusados, defensa y el representante social, entre otros, asistieron. Fue ahí que Gabriel Regino, asesor jurídico de Enrique Horcasitas, calificó la situación como una “pantomima electoral”.

Por su parte, Teófilo Benítez, quien representa a víctimas del accidente en la línea dorada, aseguró que iban a solicitar al juez que modificaran las medidas cautelares, ya que existe el riesgo de sustraerse de la acción de la justicia. 

Después de diversos diferimientos, fue el 14 de julio que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso por los hechos de la Línea 12 del Metro y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentó ante un juez la imputación a 10 personas señaladas como responsables de la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, por haber sido identificados como los encargados de la realización de las obras del Proyecto Metro, en general, y en el tramo colapsado. 

De los 10 acusados, dos justificaron su inasistencia al juzgado; uno por enfermedad y el otro, por cambio de defensor. 

Como medidas cautelares, el juzgador les impuso, a ocho de ellos, la presentación periódica durante el tiempo que dure el proceso, y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, siempre que no atente contra su derecho de defensa. Para cinco, además, el juez determinó la prohibición de salir del país sin autorización y poner a resguardo el pasaporte que tienen.

 

MAAZ