El coordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo Román, presentará este miércoles una iniciativa para castigar a los responsables del delito de despojo inmobiliario con penas que van de 5 a 10 años de cárcel y multas de 48 mil 110 pesos a 96 mil 220.
Lo anterior, debido a que en la capital cada vez crece este delito, cuyas víctimas, en su mayoría, son personas de la tercera edad.
Para ello, propondrá ante la Comisión Permanente reformar los artículos 237 y 248 y adicionar los artículos 237 bis y 248 bis, del Código Penal capitalino, ya que, en estos ilícitos, en la mayoría de los casos, los responsables operan en pandilla y utilizan la violencia física o moral, cuya pena crecerá una tercera parte si la víctima es considerada de atención prioritaria.
Además, estos castigos se impondrán cuando utilicen el engaño o, furtivamente, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él; si el afectado es el propietario, bastará con que acredite la propiedad del inmueble o el proceso de adquisición si se trata de vivienda incluyente.
De igual forma, cuando una vez presentada la querella, el Ministerio Público podrá ordenar como medida precautoria la desocupación del inmueble, el cual quedará bajo su resguardo, a efecto de evitar daños, perjuicios o la destrucción parcial o total, así como la afectación de derechos del legítimo propietario, permitiendo la ocupación provisional a quien acredite la propiedad del bien.
También, propone adicionar el artículo 248 bis, cuando tratándose del delito a que hacen referencia el artículo 237 fracciones I, II y IV, la pena se reducirá en una mitad en caso de que no medie violencia física o moral; no intervengan dos o más personas; y el denunciado restituya el objeto del delito, cubra los daños y perjuicios.
Aunque la pena crecerá una tercera parte, si el delito se comente en contra de un grupo de atención prioritaria.
Esta iniciativa, explicó, está fundamentada en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revelan que en los primeros 40 meses del actual Gobierno de la Ciudad de México el delito de despojo aumentó 28 por ciento, en comparación con el mismo periodo de la pasada administración.
Las estadísticas revelan que, de diciembre de 2018 a abril pasado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina inició 13 mil 996 carpetas de investigación por este ilícito, mientras que de diciembre de 2012 a abril de 2016 abrieron 10 mil 921 indagatorias.
Incluso, en su iniciativa el coordinador del PRD establece que con base en el Informe de Actividades presentado por la FGJ capitalina, en lo que va del año ha iniciado mil 73 carpetas de investigación, 63 de ellas con detenido y puestos a disposición del Ministerio Público a 134 sospechosos, además de asegurar 100 inmuebles, de los cuales 38 fueron restituidos a sus propietarios.
Es decir, del total de carpetas de investigación iniciadas, solo pudieron judicializar el 5 por ciento, recuperando solo 9.3 por ciento de los inmuebles presuntamente despojados, pero sólo 3.5 por ciento fueron restituidos a sus legítimos propietarios.
“Esto refleja la falta de eficacia jurídica para la persecución de este delito y, como consecuencia de ello, su disminución. Esto hace que para cierto grupo de personas e incluso organizaciones vean la forma de hacerse de bienes ajenos, ya que aun y cuando sean denunciados, estos seguirán tendiendo la posesión del inmueble hasta que sea definida la situación legal del mismo, lo cual se entrampa en complicadas etapas ministeriales y judiciales”, dijo.
De igual forma, comenta que un número importante de las víctimas pertenecen a grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, los cuales han conseguido su patrimonio a través de años de esfuerzo, que por generaciones han mantenido y que, por falta de regularización en los títulos de propiedad, son blanco directo de quienes se aprovechan de estas irregularidades para hacerse de estos pedios.
Otros casos, son las viviendas incluyentes, donde se han detectado mafias al interior de las unidades habitacionales construidas por el Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México, las cuales aprovechan cualquier oportunidad para ocupar de manera furtiva departamentos al interior de las mismas, en algunos casos coludidos con las administraciones internas.
En estos casos, señaló Lobo Román, el Ministerio público resta valor probatorio a los informes emitidos por el INVI y documentales exhibidos por los afectados, con los cuales acreditan el proceso adquisición de vivienda ante la dependencia, con lo que se acreditaría el despojo, al momento en que el bien es ocupado por una persona distinta.
De lo anterior, añadió el diputado local, podemos determinar que realmente existe una inadecuada percepción sobre la investigación y sanción de este delito en particular, ya que no se trata únicamente de incrementar las penas, lo cual sí es necesario, dada la afectación del Bien Jurídico Tutelado que se da con la comisión de este delito.
dhfm
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