Comuneros zapotecas de Unión Hidalgo, Oaxaca, lograron la cancelación definitiva del proyecto eólico Gunaa Sicarú, que pretendía instalar la empresa EDF en los terrenos de esta comunidad indígena.
El pasado 1 de junio, la Secretaría de Energía del gobierno federal notificó al juez Segundo de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que dio por concluido el proceso de consulta del proyecto Gunaa Sicarú, luego de la cancelación de los contratos de suministros por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Eólica de Oaxaca, filial de EDF.
El proyecto consistía en la instalación de 115 turbinas, que pretendían generar 300 MW de energía por medio del viento.
Aunque ya habían avanzado las etapas de la Consulta Indígena, desde que comenzó, en 2017, el Comité de Defensa de los Bienes Comunales de esta población señalaron una serie de irregularidades.
De manera inicial, se habló de 700 millones de dólares de inversión que aplicaría EDF para la construcción de este parque, y se pensaban ahorrar 730 mil 800 toneladas métricas de CO2 al año.
El precio anual en millones sería, a costos de 2018, de 292 millones 320 mil pesos. Con una venta mensual equivalente a 326 millones 592 mil pesos por concepto de energía.
“Hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a privilegiar el respeto al decreto federal del 17 de junio de 1964, que reconoce los bienes territoriales del núcleo agrario de Juchitán y sus anexos, y que fueron publicados en el Diario Oficial el 13 de julio del mismo año, a evitar el cambio en el régimen de la tierra y su privatización con mecanismos tramposos y fraudulentos, donde la tierra se vuelve mercancía y deja de tener el vínculo con la vida. Esta realidad acrecienta la codicia y el despojo del territorio por propios y extraños, poniendo en riesgo el patrimonio territorial y sus reservas naturales, en perjuicio de las futuras generaciones”, señalaron en un documento que publicaron.
Cabe destacar que, al principio de la actual administración municipal de Unión Hidalgo, se convocó a la etapa final de la Consulta Indígena, con la finalidad de legitimar este proyecto, pero el grupo opositor presentó sus quejas en instancias internacionales, incluso en Francia, donde hizo notar las irregularidades en las que presuntamente incurría dicha empresa.
Ante el anuncio de la cancelación de los permisos, Jacinto Morales, presidente del Comité de Sociedad Rural Bii Stinu, de esta misma población, indicó que cerca de 400 pequeños propietarios acudirán al juzgado federal, para presentar la queja contra esta determinación de las autoridades, ya que se violentan los derechos que tienen como pueblo indígena.
Destacó que la política implementada por el actual gobierno federal desplaza los proyectos eólicos, por lo que desde un principio esta administración, por medio de la Secretaría de Energía, retrasó el proceso de Consulta Indígena, lo que dejó con pocas posibilidades de arrendamiento de las tierras a los campesinos, que han visto mediante de estos parques eólicos una manera de tener ingresos seguros.
PAL