El llamado Plan B de reforma electoral enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea modificaciones y adiciones a cuatro leyes secundarias. Entre los cambios destacan la compactación de la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), y de los Organismos Públicos Locales (OPLEs), la eliminación de los fondos y de fideicomisos del órgano electoral, la desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que entre otros aspectos resuelve las quejas por actos anticipados de campaña. Además, la propuesta busca ahorros de 3 mil 605 millones de pesos para destinarlos a programas sociales.
El llamado Plan B de reforma electoral consiste en dos iniciativas, la primera plantea modificaciones y adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y la segunda a Ley General de Comunicación Social y de la Ley General De Responsabilidades Administrativas.
Las iniciativas presentadas y entregadas este martes por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López a los integrantes de la fracción de Morena y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Buscan reformar, derogar y adicionar lineamientos a las leyes antes mencionadas para generar ahorros que puedan ser destinados a dos programas sociales preferentemente a la Pensión de Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, señala una de las iniciativas en su exposición de motivos.
“Con la creación del SNE, los cambios en la estructura de los órganos electorales centrales, locales y distritales del INE y con la reducción de tiempos en diversas funciones de los procesos electorales, se espera generar un ahorro de alrededor de 3,605 millones 624,298 pesos. Esta cantidad de recursos equivale a poco más de 143,000 personas apoyadas anualmente por el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o 52,000 jóvenes apoyados por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, señala una de las propuestas presidenciales.
Por otro lado, la iniciativa propone eliminar los fondos y fideicomisos del INE “que han sido creados al margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal” señala la iniciativa, esta eliminación se hace efectiva en el artículo décimo primer transitorio de la iniciativa que reforma la LGIPE y la LGPP.
“Se trata del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral reportó 235 millones y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral en 2022 tuvo un saldo de 40 millones de pesos. Los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”, señala el proyecto.
Adicionalmente, el Plan B busca unificar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real. Además, establece que los módulos de atención ciudadana que instale el Registro Federal de Electores se deben ubicar, preferentemente, en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la Federación para evitar el costo de arrendamiento.
Elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional y suprime la franquicia telegráfica de los partidos políticos. También destaca la eliminación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, entre otros aspectos resuelve las quejas por actos anticipados de campaña y precampaña, sus atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF.
“Se elimina la Sala Regional Especializada, que actualmente resuelve los procedimientos especiales sancionadores relacionados con la violación a las normas que regulan el acceso a radio y televisión, la aplicación imparcial de recursos públicos, y la propaganda y los actos anticipados de precampaña y campaña.
Con intención de garantizar la impartición de justicia desaparece la Sala especializada cuyos asuntos serán ahora materia de una Sección Resolutora de la Sala Superior, que conocerá de los procedimientos del órgano central y estará integrada por tres magistrados electorales, los cuales se rotarán cada seis meses y serán las Salas Regionales dentro del ámbito de su jurisdicción, las que resuelvan los procedimientos de los órganos distritales y de los órganos locales”, señala la propuesta presidencial.
Establece el voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, quienes de acuerdo a la propuesta podrán votar mediante el uso del internet con la presentación de pasaporte o matrícula consular.
Se establecen diversas medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral: se obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales.
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