La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tiene identificados a los responsables de las llamadas y mensajes sobre las falsas alarmas de bomba a edificios públicos, trascendió que la llamada de amenaza de bomba en el Congreso del Estado fue hecha desde la localidad de González, en tanto que la alerta sobre un artefacto explosivo en las oficinas de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios fue hecha desde ciudad Victoria.
En ambos casos se cuenta con los números telefónicos desde los cuales fueron hechas las llamadas falsas que provocaron la movilización de las fuerzas de seguridad y protección civil. También se dispone del número telefónico desde el cual se hizo la amenaza de bomba en la torre López Portillo que aloja oficinas de la secretaría de Educación.
Lo anterior fue confirmado por el Procurador de Justicia en el Estado, Irving Barrios Mojica, a través de un mensaje de Twitter “la #FGJ_Tam tiene ya identificado el origen de llamadas, mensajes y a uno de los responsables de las falsas amenazas de riesgo a edificios públicos de #CdVictoria. Esta conducta se castiga hasta con 7 años de prisión”, compartió el procurador.
En los últimos días se han recibido diversas llamadas
El pasado martes se recibió una llamada de amenaza de la detonación de un artefacto explosivo en el Congreso del Estado, poco antes de que se iniciara la sesión ordinaria. Debido se movilizaron fuerzas de seguridad y protección civil para revisar las instalaciones del Congreso, por lo cual fue suspendida la sesión.
Horas después, hubo otra llamada ahora en la torre López Portillo que alberga oficinas de la secretaría de Educación, también advirtiendo sobre una bomba, por lo cual se procedió a desalojar a el persona.
Ayer, hubo nuevas amenazas de bomba, ahora en la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y en la Auditoría Superior del Estado (ASE), como medida de seguridad el personal fue evacuado y se estableció un cerco de seguridad.
El Código Penal de Tamaulipas establece penas de tres hasta 10 años de cárcel para las personas que realicen llamadas falsas y que provoquen la movilización de los cuerpos de auxilio.
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DME