Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, destacó que la justicia penal no sólo puede garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y en general de cualquier persona, sino que es su obligación.
En el marco de su participación en la XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C. (AMIJ), dijo que "en el nuevo sistema penal acusatorio y oral reconocemos genéricamente como “imputados” o “acusados”, se garantizan tutelando sus derechos constitucionales, convencionales y legales de todas las personas, y particularmente de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad".
"En términos generales, cualquier persona imputada de un delito (incluyendo a las que se encuentren en estado de vulnerabilidad), tiene derecho a que se le presuma inocente, a guardar silencio, a que se le informen los hechos, a recibirle pruebas, a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, a designar un abogado, a ser juzgado con rapidez y a que se le respete su libertad personal, en términos de ley", comentó.
Destacó además que en el Poder Judicial de la CDMX se realizan acciones institucionales y jurisdiccionales para verificar el cumplimiento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, pues "lo primero a través del Consejo de la Judicatura (con fundamento, al menos en los artículos 108 y 109 de la Constitución y 218 de la Ley Orgánica del PJCDMX) y, lo segundo, por medio de la tutela judicial con el acceso a los recursos de apelación en que las Salas Penales revisan que los derechos de personas en situación de vulnerabilidad se garanticen (con fundamento al menos en los artículos 480 y 482 del CNPP). En el resto de las Entidades Federativas, se cuenta con mecanismos semejantes".
Manuales de la SCJN
En otros temas, destacó que la elaboración y publicidad de los protocolos y manuales de la SCJN, con franqueza, son un ejemplo de calidad en su contenido y, al mismo tiempo, ejemplo de que a través de diseños escritos digitales y físicos, se coadyuva al acceso de la justicia, pues en éstos, con sencillez y fundamentos legales sólidos, se ha proporcionado a la sociedad (incluyendo a las víctimas e imputados) una valiosa herramienta para conocer sus derechos en temas de personas en situación de vulnerabilidad, que afortunadamente provoca que exijan el ejercicio efectivo de sus derechos.
"En términos simples, si nos lo permiten, los protocolos y manuales sirven sin lugar a dudas, como marco de referencia para saber y exigir derechos".
Al ser cuestionado sobre ¿cómo pueden las sentencias de su tribunal incidir en la creación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos?, Rafael Guerra dijo lo siguiente:
"Primero, sabemos y creemos que las sentencias de un tribunal local inciden en la creación de políticas públicas. Ello es así porque frente a la división de Poderes, es indiscutible que existe una interrelación entre el quehacer ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, además de que legalmente cada uno de esos poderes tiene facultades legales del otro, la constitución del Estado democrático faculta a cada poder para una función en particular, pero que de ella depende la función del resto de los poderes".
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