Entre 2019 y agosto pasado, el Poder Judicial de la Ciudad de México atendió 9 mil 845 requerimientos de interpretación y traducción, así como de la intervención de un consultor técnico, en beneficio de personas hablantes de lenguas indígenas o idiomas extranjeros, o de aquellos con una discapacidad física o psico-social, que son parte en algún procedimiento jurisdiccional de las materias penal, familiar o civil.
Así, el órgano judicial capitalino, que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, garantiza la protección de los derechos humanos, en especial los inherentes al debido proceso de personas pertenecientes a grupos prioritarios, entre éstos, indígenas, aquellas con discapacidad auditiva o discapacidad psico-social y migrantes y/o extranjeros
. A través la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, el PJCDMX atiende de manera puntual cada una de las solicitudes de estos servicios por parte de los justiciables, para garantizar procesos jurisdiccionales en condiciones de igualdad y no discriminación.
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Para ello, la institución tiene signados convenios con organizaciones civiles y gubernamentales cuyos integrantes cubren los servicios de interpretación y traducción que se requieren, no solamente para los procesos jurisdiccionales, tanto de primera instancia como de segunda, sino para áreas de apoyo administrativo y judicial, como la Coordinación de Intervención Especializada, en materia de psicología y relativas al Centro de Convivencia Familiar Supervisada.
En el lapso 2019-agosto de 2022, se brindaron un total de 5 mil 492 servicios de traducción e interpretación de lenguas indígenas, y 3 mil 247 intervenciones de consultores técnicos.
Por otra parte, se tuvo la intervención de traductores e intérpretes de idiomas extranjeros en 608 servicios, y en el rubro de señas mexicanas y Sistema Braille, 498.
La intervención de consultores técnicos se brinda en aquellos casos en los que se requiere realizar ajustes al proceso, sobre todo cuando una de las partes presenta una discapacidad y precisa del acompañamiento de profesionales de otras especialidades que coadyuven a garantizar el pleno respeto a sus derechos
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