La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó un llamado a todos los actores políticos, la comunidad académica, iglesias y organizaciones civiles a reabrir el debate de la despenalización del aborto el país, pues dijo que no se puede reducir a una resolución judicial como la que dio esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A través de un posicionamiento, la jerarquía de la Iglesia católica en el país argumentó que el debate de la interrupción del aborto debe analizarse bajo las aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas, además de judicial.
También reconoció que encarcelar a la mujer que aborta no es la solución a esta problemática, pues dijo que debe haber una solución integral de fondo.
“Con dolor y consternación, consideramos que es imprescindible que todos los actores sociales –fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas– nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa”, señaló.
Argumentó que "la Iglesia, como Madre, conoce lo que pasa por el corazón de las mujeres que luchan contra toda forma de discriminación y violencia, en especial el de aquellas que son víctimas de actos criminales o que se encuentran en situación de vulnerabilidad, desamparo o abandono".
“Ninguna mujer debe verse orillada a tomar la dramática decisión de recurrir a la práctica del aborto, situación que en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor. En este sentido, somos conscientes que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización”, señaló.
El pasado 7 de septiembre, la Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto. Sin embargo, la Iglesia criticó el máximo tribunal del país “descartara” de su sentencia “el derecho humano a la vida” del niño, el cual, dijo, se encuentra reconocido y garantizado en nuestra Constitución y en los más importantes Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, “mismo que no puede restringirse para la persona concebida, aun no nacida, desde su concepción hasta su muerte natural”.
Con este sentir, lamentamos profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos
Expuso que más allá de las consecuencias jurídicas del fondo del fallo, la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina “derecho de la mujer a decidir” frente a “la protección constitucional del nasciturus”.
“No es admisible que el análisis conjunto de estos conceptos lleven a la conclusión de que existe un ‘derecho fundamental’ de la mujer ‘a decidir’ y que éste consiste ‘en la posibilidad de acceder libremente a un procedimiento de interrupción segura del embarazo’, al amparo de los artículos 1º y 4º Constitucionales”, señaló.
La CEM anticipó que la Dimensión Episcopal de Vida ofrecerá en el curso de los próximos días y semanas algunos subsidios que ofrezcan criterios técnicos para el análisis y la construcción de propuestas.
DRV