El bloque de contención (PRI, PAN, PRD y MC) frenó la intentona de Morena para evitar un trato preferencial y en fast track a la reforma a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, avalada por la Cámara de Diputados. Luego de que el dictamen fue aprobado en comisiones del Senado, el bloque opositor amagó que si la ley pasa sin modificaciones, interpondrá una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que su desacuerdo está en uno de los puntos, en el que se pretende quitarle autoridad a los Congresos locales para que no puedan intervenir en la declaración de desafuero que emitan desde el Congreso de la Unión.
Ante la presión, el líder de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, notificó que llegaron a un acuerdo con grupos parlamentarios, “decidimos abrir un espacio para revisar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia”.
El dictamen avalado en comisiones del Senado pero que será discutido en el pleno hasta la próxima semana, abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, define los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, así como las causales y sanciones en el caso de juicio político.
Con ello, será posible sancionar, destituir o inhabilitar a funcionarios de alto nivel que incurran en violaciones graves a la Constitución, las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales. Sin embargo, para el PAN no se debe legislar sobre las rodillas, ya que la Ley debe discutirse con tiempo, profesionalismo y el cuidado que amerita.
El senador panista Damián Zepeda indicó que el proyecto nace en la coyuntura política del caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, lo cual no tiene sentido porque el procedimiento no se podrá aplicar al titular de dicha entidad. “Lo único que pretenden lograr es invadir la esfera de competencia de los gobiernos locales”, acusó.
El senador Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, aseguró que la minuta vulnera la Constitución, el federalismo y los trámites legislativos, cuando, agregó, “el trabajo del Senado debe ser digno, respetuoso de los procedimientos y consensuado con la sociedad”.
dza