Un juez federal rechazó ordenar la detención de 31 científicos y académicos por delincuencia organizada y lavado de dinero por 244 millones de pesos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio, de 2013 al 2019, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). El impartidor de justicia Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó que no se configuran los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde el pasado 24 de agosto, la FGR solicitó las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones.
El juez que revisó la imputación de la Fiscalía, devolvió el expediente por inconsistencias y dio 15 días al Ministerio Público federal para subsanarlas.
Luego de la negativa del juzgador, la FGR nuevamente solicitó que se emitieran los mandamientos judiciales, que ayer fueron negados.
La Fiscalía informó que solicitará nuevamente las órdenes de aprehensión.
Detalló que el impartidor de justicia rechazó emitir los mandamientos judiciales por considerar que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella, y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica, para favorecer a dicha empresa privada, en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el foro señalado en el estatuto del Conacyt lo autoriza.
“Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt...”, indicó.
PAL