Valeria es una niña con discapacidad auditiva que adquirió el lenguaje de señas como lengua materna, y está inscrita en el Instituto Tecnológico para Problemas de Lenguaje.
La menor de edad solicitó útiles escolares, uniformes y una beca del Gobierno de la Ciudad de México, pero la Secretaría de Inclusión capitalina le informó a su padre que no puede acceder a los apoyos debido a que estudia en una escuela privada, y este tipo de ayuda sólo se dan en instituciones públicas.
Ante la negativa, su padre pidió apoyo al Instituto Federal de Defensoría Pública para que su hija tuviera acceso a los programas sociales.
El asesor jurídico federal, Julio Salgado, tomó el caso y promovió un juicio de amparo por considerar que las leyes de la capital vulneran la Constitución al discriminar de manera múltiple por edad, discapacidad y género a Valeria.
“Le preguntamos al gobierno de la Ciudad de México sobre los apoyos, y mediante un oficio nos dice que no puede acceder a los programas de becas, de útiles escolares y de uniformes gratuitos, al apoyo económico que estos programas dan; las leyes que sustentan estos programas establecen que se deben otorgar exclusivamente a niños o a personas inscritas en escuelas públicas", señaló.
Un juez federal negó la suspensión provisional porque ya había concluido el ciclo escolar 2019-2020, por lo que el asesor interpuso un recurso de revisión y un tribunal colegiado determinó que el Estado tiene el deber de incluir a Valeria en un programa de apoyo para proteger sus derechos a la educación, salud, no discriminación e interés superior de la niñez.
PAL
