Conectado al oxígeno, deshidratado y delirante, José Joaquín Lázaro López perdió la vida dentro del Cereso de Chihuahua, derivado de las negligencias que lo contagiaron por COVID-19.
A un año de su partida, ahora su familia busca justicia para que la Fiscalía estatal entregue su cuerpo.
Al menos tres mil 421 personas privadas de su libertad han dado positivo a coronavirus desde el comienzo de la pandemia hasta junio pasado, de las cuales 256 fallecieron tras las rejas, luego de portar el virus, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los prisioneros se encontraban aislados desde antes de la existencia de la enfermedad y aún así la contingencia por coronavirus cobró sus vidas.
Según información de transparencia, la CDMX es la que cuenta con el mayor índice de fallecimientos, con 55, seguido de Puebla, con 37, y Veracruz, con 15. Estas entidades cuentan con la mayor población penitenciaria del país. Mientras que se registraron dos mil 991 casos de internos recuperados.
En tanto, hasta abril pasado, la CNDH detalló también que existen tres mil 612 prisioneros que recibieron su vacuna anti COVID, entre ellas 134 mujeres. De esas aplicaciones, la CDMX encabeza la inmunización, con 881, seguida de Veracruz, con 353, y Puebla, con 326.
MAL COMPORTAMIENTO
Por otro lado, tanto el ingreso como el comportamiento de los encarcelados en México creció durante la contingencia, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al menos 725 riñas y disturbios dentro de diversos penales federales y estatales se han registrado desde enero de 2020 a marzo pasado, siendo los momentos más alarmantes de la pandemia cuando estos casos se intensificaron, hasta llegar a los 71 hechos en un solo mes.
Las estadísticas indican que la mayoría de las incidencias ocurrieron dentro de penitenciarías federales ubicadas en Durango, Guanajuato y Oaxaca; en ésta última se reportaron 32 riñas sólo durante febrero y marzo pasados.
Durante la pandemia también ascendió casi a 6 por ciento el número de personas privadas de su libertad desde el primer caso de COVID-19 en el país, al pasar de 205 mil 535 internos en marzo de 2020 a 219 mil 117 al final del primer trienio de 2021.
DZA