Las comisiones estatales de atención a víctimas son las instituciones más rezagadas del sistema penal, ya que reciben 32 centavos por cada peso que obtienen las defensorías y tres centavos por cada peso que se da a las fiscalías, de acuerdo con México Evalúa.
Según un análisis de la organización, en 2020 sólo se reparó el daño a 0.30 por ciento de las víctimas que fueron representadas en el proceso penal.
Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, señaló en entrevista con El Heraldo de México que esto se debe a que los asesores jurídicos no solicitan la reparación o porque se busca no incorporar a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
“Esto se puede deber a dos posibles situaciones, la primera, que los asesores victimales no estén haciendo su trabajo como corresponde y que no estén velando por los intereses de la víctima.
“Pero por otro lado, recordemos que en esta reparación del daño, en términos legales, la primera persona responsable de cubrir esa reparación es la persona que haya cometido el delito, pero en el marco jurídico nacional
“El Estado es considerado como un responsable subsidiario, entonces el Estado, en todos los casos, con independencia de que una persona que haya sido imputada por un delito repare o no el daño, si se observa que en ese caso se requiere una mayor reparación, o bien si la persona imputada no paga esa reparación, es el Estado quien lo tiene que hacer, lo que estamos viendo es prácticamente una deuda del Estado con la reparación integral de las víctimas”, aseguró.
Hasta ahora se han instalado 27 de 32 comisiones estatales y sólo 10 integran sus datos al Renavi, lo que significa que las personas de las entidades que no son registradas podrían no recibir medidas de ayuda y reparación.
Estas comisiones tienen mil 256 asesores jurídicos, lo que representa una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes, es decir, cada uno atiende, en promedio, a 152 víctimas.
PAL