La gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva ,alista plan de austeridad ante los problemas financieros que heredará de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, así como deudas por más de 8 mil millones de pesos.
La morenista detalló que los pasivos obedecen a deuda a largo plazo, créditos y pendientes a corto plazo, así como deudas a los trabajadores en pasivos del IMSS, ISR, entre otros.
“Tal vez seguiremos encontrando más, una vez que nosotros tomemos protesta es cuando formalmente podemos iniciar los procesos de auditoría que nos hemos comprometido con la población colimense, pero que además es una convicción propia, tenemos que saber qué estamos recibiendo, en qué condiciones y si hay responsables de malos manejos, actuar en consecuencia”, indicó.
Vizcaíno Silva reconoció que ya sabían que iban a encontrar un estado devastado financieramente, sin embargo ahora cree que la realidad superará al peor escenario previsto.
Respecto a los recursos que Colima recibe del gobierno federal para el pago de salarios de los trabajadores, la próxima mandataria estatal informó que ya no sólo se trata de recursos extraordinarios, sino también de participaciones que le correspondía a la administración que ella encabezará a partir del 1 de noviembre.
Por ello anunció que van a hacer un balance para ver cuánto requieren para el cierre de este año y cuánto se necesita para el resto de la administración, ya que el objetivo es lograr un equilibrio económico.
Adelantó que algunas de las estrategias que implementará para lograrlo son mejorar la recaudación, pues está convencida que los colimenses estarán dispuestos a pagar impuestos a un gobierno que sí va a utilizar bien ese dinero.
También tiene el proyecto de reducir las secretarías de gobierno del estado, con lo que se estima un ahorro de 300 millones de pesos al año, además ya están trabajando en un plan de austeridad, que van a terminar de afinar una vez que asuma el cargo.
Con relación al anuncio del mandatario estatal sobre que dejará basificados a 230 trabajadores, dijo que será un tema a revisar pues no conoce ningún dictamen que lo corrobore, sin embargo, de ser cierto lo calificó como un acto irresponsable.
“Es absolutamente irresponsable, si llegan a mitad de año y ya no tienen dinero para pagar la nómina, es bastante irresponsable pensar que se tienen que seguir generando nóminas obligatorias en un gobierno estatal que evidentemente está financieramente quebrado”, expresó.