Para la mayoría de los ciudadanos el desconocimiento que tienen sobre las autoridades encargadas de atender y, en su caso, sancionar las conductas delictivas o antisociales se ve claramente reflejado en el bajo número de denuncias y quejas que se presentan ante el Ministerio Público y el Juzgado Cívico.
Así lo consideró Jorge Martínez Ocampo, litigante especializado en delitos de cuello blanco ?tráfico de influencias, fraude, lavado de dinero, cohecho, peculado, entre otros—, quien aseguró que para revertir esta situación es necesario enseñar al ciudadano a interponer denuncias de corrupción.
Para el experto, la desconfianza hacia las autoridades y desconocimiento de sus funciones y obligaciones alejan a las personas de las instituciones, además de que desincentivan el ejercicio de los derechos, así como las responsabilidades ciudadanas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), explicó Martínez Ocampo, durante el segundo trimestre de 2021 el porcentaje de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (61.9 por ciento), robos o asaltos (53.6 por ciento), vandalismo en las viviendas o negocios (41.5 por ciento), venta o consumo de drogas (38.4 por ciento), disparos frecuentes con armas (38.2 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (26.6 por ciento), tomas irregulares de luz o diablitos (14.8 por ciento) y robo o venta ilegal de gasolina, diésel o huachicol (3.3 por ciento).
Sin embargo, dijo Martínez Ocampo, el porcentaje de estos hechos denunciados es mucho menor. “Esta realidad se puede transformar pues, como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de señalar y denunciar las conductas contrarias a las normas de las que somos víctimas”.
Explicó que para iniciar con un proceso de denuncia de un delito o de queja en el caso de falta administrativa, es importante tener claros los objetivos de la justicia cívica, por una parte, y de la justicia penal por otra.
Afirmó que la justicia cívica tiene entre sus objetivos prevenir que los conflictos (considerados como faltas administrativas) escalen a conductas delictivas o actos de violencia; dar solución de manera ágil, transparente y eficiente a conflictos comunitarios, y mejorar la convivencia cotidiana. “Cuando una persona es testigo de un acto que atente en contra de la tranquilidad, dignidad y seguridad de su comunidad o que le afecte de manera directa, ésta puede acudir al Juzgado Cívico más cercano”.
Por su parte, agregó el litigante, la justicia penal se encarga de sancionar las conductas que constituyen delitos y tiene entre sus objetivos asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del Derecho, resolver conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito y reparar el daño a las víctimas.
De esta manera, concluyó Jorge Martínez, cuando hay una afectación a la persona, sus bienes o su patrimonio se debe acudir al Ministerio Público más cercano para presentar una denuncia que lleve a la autoridad a iniciar la investigación correspondiente.