El número de personas extranjeras presentadas ante autoridades migratorias se duplicó de enero a mayo de este año, en comparación con el mismo periodo de 2020, al pasar de 34 mil 796 a 75 mil 508, lo que representa 117 por ciento.
La cifra se encamina a ser mayor, pues en los primeros seis días de junio pasado se sumaron 15 mil 342 migrantes, para un total de 90 mil 850, indican datos del Instituto Nacional de Migración (INM).
En las fronteras norte y sur, se acumula la presencia de personas de diferentes nacionalidades.
Giovanni Melgar llegó hace cuatro meses a la casa del Migrante Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, acompañado de su esposa, Nora, y su pequeña hija de ocho años, Mariela. Tuvieron que salir de San Pedro Sula, Honduras, debido a la pobreza que dejó la pandemia del coronavirus y las constantes amenazas de muerte de la pandilla Mara 18.
Su familia es parte de los 500 extranjeros de Centro y Sudamérica que reciben apoyo humanitario mientras esperan asilo político por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades municipales de Reynosa giraron una orden de desalojo ante la recomendación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), por estar en un terreno ganado al río Bravo.
“Nosotros tenemos amenazas. Los mareros nos amenazaron para que vendiéramos droga con ellos, que estuviéramos en su banda, de lo contrario, iban a matar a mi esposa y a mi hija. También por la pandemia, yo me quedé sin trabajo y me acomodé en un taller, pero ahí nos querían tener en su banda. Por eso, nos venimos a México sin nada, huyendo de la pobreza e inseguridad”, relató el hondureño.
Reconoció que al enterarse de la orden de desalojo, sintieron una gran preocupación, pues van a tener que quedarse prácticamente a la deriva en las calles de Reynosa, donde temen ser víctimas de algún secuestro o bien, ser detenidos por las autoridades migratorias de México.
“Estamos bien tristes porque la iglesia es algo que nos ha ayudado. Nos han apoyado con comida, con techo. Es un pesar porque tenemos el apoyo, tenemos miedo porque venimos huyendo y tenemos miedo por los secuestros. Es algo bien difícil estar en México, aquí nos apoyan y nadie lo va a hacer por nosotros. En verdad, estamos con pesar, tristeza y mucho miedo. Esta es nuestra casa, hasta la misma Migración nos persigue”, indicó.
El pastor encargado de Senda de Vida, Héctor Silva, manifestó que la acción que pretenden aplicar las autoridades del gobierno de Reynosa, que encabeza Maki Ortiz, es inhumana, pues es el unico lugar donde 500 migrantes tienen protección, techo, y alimentos.
"Nosotros hemos estado trabajado, ahora sí que, en el apoyo de la migración de las familias que llegan a la ciudad, atendiendo a las personas que vienen deportadas de Estados Unidos y también las familias que viven aquí en Reynosa, que en la mayoría de los casos son extranjeros”, explicó el encargado del albergue.
Desde hace dos décadas opera Senda de Vida, albergue que para instalarlo, se relleno una área del río Bravo para instalarlo y que durante cinco años las administraciones municipal, estatal y federal consintieron.
Mediante su cuenta de Twitter, Maki Ortiz recalcó que el albergue se edificó sin permisos de construcción.
“El Albergue Senda de Vida se edificó sin permisos de construcción y está en el cause del río Bravo, en una zona de gran peligro de inundación, inicia época de Huracanes y pone a la gente en peligro, por ese motivo, CILA nos dio la instrucción de desalojarlo”, escribió.
El representante de la CILA, Jorge Negrete Arroyos, precisó que el albergue está dentro del cause del río, acción que no está permitida, de acuerdo con el artículo IV-B del Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas Pendientes para Mantener los Ríos Bravo y Colorado como la Frontera Internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado el 23 de noviembre de 1970.
El acuerdo prohíbe la construcción de estructuras permanentes dentro de la zona de inundación del río Bravo que, a juicio de la CILA, entre México y los Estados Unidos, puedan constituir una obstrucción o desviación de la corriente normal o de avenidas de dicho río.
Negrete Arroyos, reiteró que la construcción antigua como la nueva ampliación construidas en terreros del río, pone en grave peligro a las más de 500 personas que se encuentran en el albergue, pues consideró que dicha construcción sería un obstáculo para el caudal del río.
Mediante un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se pronunció en contra del desalojo y la demolición del albergue.
Se pidió evitar la consumación de hechos violatorios de derechos humanos de difícil o imposible reparación; toda vez que este centro asistencial en la actualidad acoge a más de 600 personas, entre los cuales hay niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores, todos con necesidad de atención prioritaria.
En el otro extremo de la frontera norte, la situación se complica también para los migrantes.
Las infecciones respiratorias y diarreicas, además de anemia y dermatitis, son las principales enfermedades que presentan nacionales y extranjeros que están es Tijuana, Baja California, tanto en albergues como en el denominado “campamento migrante”.
En el caso específico del campamento del Chaparral, se han otorgado dos mil 747 consultas médicas desde el pasado 23 de febrero.
Mientras, el ingreso de migrantes provenientes en su mayoría de Centroamérica, no cesa.
Durante la madrugada de este miércoles, la Guardia Nacional, en coordinación con el INM, detuvo a 156 migrantes que viajaban en cinco camiones de la empresa ADO, que fueron inspeccionados sorpresivamente en un puesto de revisión en el kilometro 132 de la carretera federal Villahermosa-Cárdenas.
Cincuenta de los detenidos resultaron ser menores de edad, por lo cual, el grupo fue trasladado a un albergue en la zona de ciudad industrial en Villahermosa, donde permanecerán hasta que se defina su situación migratoria.