El expolicía Miguel Mora Olvera fue sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel por tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
El Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo determinó que Mora Olvera participó como coautor en ese delito, por lo que es penalmente responsable.
Además el exservidor público fue destituido e inhabilitado por cinco años y tres meses para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas.
Cuando se registraron los hechos de tortura en contra de la periodista, Mora Olvera se desempeñaba como policía judicial de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Quintana Roo.
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De acuerdo con la investigación en su contra, su participación consistió en la detención y traslado de la víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta sentencia se suma a otras dos de este caso que se dictaron en contra de agentes de la Policía de Puebla.
“La sentencia se origina de la consignación y actuaciones presentadas ante el Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”, indicó la Fiscalía.
Antecedente
La organización Artículo 19, a través de su cuenta de Twitter, que lleva el caso en la vía legal, indicó que recibieron la notificación de sentencia de Miguel Mora, quien habría colaborado con dos policías de Puebla para el arresto y traslado por carretera de la periodista, luego de la publicación del libro Los Demonios del Edén.
Miguel Mora fue detenido en octubre de 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República y permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de Cancún.
Previo a la ejecución de la orden de aprehensión este elemento se desempeñaba como escolta de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón.
Caso Nacif
En mayo pasado, El Heraldo de México publicó que el empresario Kamel Nacif será investigado y juzgado por las autoridades de Líbano por el caso de tortura en agravio de la periodista.
Debido a que no existe un tratado de extradición entre México y Líbano, y el gobierno de esta última nación no extradita a sus connacionales, la FGR invocó el principio de reciprocidad para que sean las autoridades de ese país, las que investiguen y juzguen al empresario.
Por Diana Martínez y Alejandro Castro
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