Julieta busca que se le indemnice por sufrir esterilización forzada en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Luego de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar el caso, el máximo tribunal determinará si el Estado tiene responsabilidad patrimonial por la forma en que se le realizó a la mujer de 30 años un método anticonceptivo permanente.
En entrevista con El Heraldo de México, Javier Mijangos, abogado de la Julieta, señaló que ésta fue atendida en 2015 en el Hospital Regional del ISSSTE, General Ignacio Zaragoza, donde le realizaron una cesárea por su segundo embarazo.
Sin embargo, una doctora le indicó que existía el riesgo de acretismo placentario, que significa que la placenta se adhiere al útero, por lo que debían realizarle una cirugía de oclusión tubaria bilateral (OBT), que consiste en ligar las trompas.
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Al no tener información suficiente y encontrarse presionada emocionalmente, Julieta y su esposo dieron el consentimiento minutos antes del procedimiento.
Posteriormente presentó dolores y al pensar que tenía algún tumor, acudió a realizarse estudios y detectó que nuevamente estaba embarazada.
Por Diana Martínez