Organizaciones civiles que, mediante amparos y movilizaciones mantienen detenida la construcción de diversos tramos del Tren Maya, reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero.
Se trata del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C (CRIPX), que ha recibido 565 mil 377 dólares; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con 1.3 millones de dólares; Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), a la que han otorgado 420 mil 580 dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con 2.4 millones de dólares; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 620 mil 570 dólares y el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible (CCMSS), que ha recibido 7.7 millones de dólares y cuyos principales donantes son grupos como Fundación Kellogg, Climateworks Foundation y Rockefeller Brothers Fund, entre otras.
De las seis organizaciones, al menos dos ya lograron obtener la suspensión definitiva de los tramos 1 y 7 del Tren Maya a través de juicios de amparo. En total, estos grupos han recibido 13 millones 37 mil dólares desde 2006 a la fecha.
El CRIPX, que dirige Alfredo López Días y se dedica a la defensa de los recursos naturales en Campeche, logró desde marzo de este año frenar los trabajos de la megaobra en el Tramo 7, en Calakmul.
[nota_relacionada id= 1211308]Los principales financiadores de esta organización son Fundación Kellogg y Fundación Nacional para la Democracia, ambas de Estados Unidos; Fundación para la Vida Silvestre, de Argentina; el Fondo de Oportunidades Globales del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, del Reino Unido; y la Fundación Heinrichi Boll Stifung, de Alemania.
Otra organización que actuó por la vía judicial fue Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. El pasado 7 de mayo promovió un amparo contra la obra en Palenque (Tramo 1), el cual terminó con la suspensión definitiva el 22 de junio pasado. Su principal donante es la Fundación Kellogg.
Por otra parte, el CEMDA, que dirige María Eugenia De la Fuente y se identifica como organización nacional en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, sostiene que el proyecto del Tren Maya viola derechos humanos de las comunidades.
Por Iván E. Saldaña
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