Acusan a la Fiscalía de Chiapas de fabricar culpables por el caso Dylan

Familiares de los 23 menores resguardados por el DIF estatal y de las cuatro detenidas vinculadas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas a una red de trata personas, exigieron la libertad de los implicados

Acusan a la Fiscalía de Chiapas de fabricar culpables por el caso Dylan

Familiares de los 23 menores resguardados por el DIF estatal y de las cuatro detenidas vinculadas por la Fiscalía General del Estado de Chiapas a una red de trata personas, exigieron la libertad de los implicados y expusieron las inconsistencias en las carpetas de investigación, que a decir de las organizaciones acompañantes, fueron fabricadas para criminalizar a cinco familias indígenas empobrecidas, dedicadas a la venta de artesanías en San Cristóbal de Las Casas.

Las organizaciones Melel Xojobal, Colectiva Cereza, Redim, además Enerida Gómez madre de cinco menores, y Guadalupe y Rogelio abuelos de 12, detallaron ante los medios de comunicación sobre las violaciones a los derechos humanos y la muerte de uno de los imputados en el interior del CERSS número 5.

Así, el actuar “sistemático y mafioso” de la Fiscalía General del Estado, la institucionalización de la detención arbitraria, la tortura, la fabricación de carpetas de investigación de delitos contra la salud que sirven para ocultar las detenciones arbitrarias y criminalizacion

En su intervención, Enereida Gómez cuestionó los señalamientos del Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y dijo que sólo buscan pretextos para no devolverles a sus hijos, “nosotros somos inocentes” .

A las 7:30 horas del 17 de julio, durante las investigaciones por el secuestro de Dylan Esaú Gómez Pérez, las autoridades estatales ingresaron a un domicilio del Barrio Tlaxcala cuando los 23 menores de edad aún dormían.

En el lugar fueron detenidas María Hortensia Gómez Sánchez, Juana Montejo González y Maribel Gómez Santiz, madres de los niños y niñas. Pero fue hasta el 21 del mismo mes que las presentaron ante la FGE y posteriormente las trasladaron al CERSS 14, mejor conocido como el Amate, acompañadas de tres bebés aún lactantes.

Durante el cateo, la policía se llevó todos los documentos que encontraron, entre ellos, actas de nacimiento y constancias de alumbramiento de las niñas y niños.

Las organizaciones responsabilizan directamente al fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca por la vida e integridad de los 23 niñas y niños retenidos, las cuatro mujeres indígenas presas y los integrantes de la familia Gómez, toda vez que el uso criminal de las instituciones los coloca en riesgo inminente.

Además exigen nuevamente a la Fiscalía General de la República a atraer el caso ante las evidencias de la violación a derechos humanos y el actuar mafioso de las autoridades de Chiapas. Por ello realizaron la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando la protección internacional a las familias implicadas.

[nota_relacionada id=1200892]

Inconsistencias en el expediente

Patricia Aracil, vocera de la Colectiva Cerezas, habló sobre la revisión del expediente del caso desde la detención de uno de los abuelos de los menores, Adolfo Gómez, fallecido 12 días después de haber sido trasladado al CERSS 5.

De acuerdo a la carpeta de investigación 0357, Adolfo Gómez fue detenido el 15 de julio en la colonia Salsipuedes de San Cristóbal, por presunta posesión de mariguana. Su ex esposa, Josefa Sánchez, fue detenida cuando acudió a solicitar información a la Fiscalía, sin mediar orden de aprehensión.

El 16 de julio, un agente de la policía especializada antisecuestros informó sobre una supuesta entrevista que realiza a un hombre llamado Mariano Patishtán Patishtán quien señala a Josefa, Adolfo y una mujer llamada “Ofelia”, de llevarse al niño Dylan, que reconoce por una imagen.

“Esta persona no se presentó a la audiencia inicial en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas a cargo del juez Gabriel Grajales, ni confirmó ni ratificó esta supuesta declaración que se dice espontánea, pero como ven está redactada a máquina”, mostró.

Cuestionó cómo el policía, Francisco Coronel de Lucio podría portar una máquina o computadora e impresora para que la persona pudiera firmar una “declaración espontánea”.

Otra de las inconsistencias radica en la presunta entrevista realizada el 16 de julio por el agente de la misma corporación, Salvador Gómez Sánchez, al imputado Adolfo Gómez, alias “El Sapo”.

“Señalamos que este oficio es muy importante porque el 16 de julio el señor Adolfo ya estaba detenido”. El mismo oficio está dirigido a la fiscal del Ministerio Público, Minerva Rocío Gutiérrez Jiménez.

Desde la detención, Adolfo y Josefa, no tuvieron apoyo de un defensor público, aunque la autoridad señaló lo contrario.
”Se les negó indebidamente el derecho a la defensa, y no se les notificó el delito por el cual se encontraban detenidos, no existe constancia que se les permitió una llamada a su defensor o familiar, se les incomunicó de forma coactiva y se les entrevistó sin presencia de un abogado(a) defensor, existió duplicidad del término constitucional y se generaron dos carpetas de investigación con diversos delitos (0357-078-1001-2020 (delito contra la salud en su modalidad posesión) y 0340-078-1001-2020 (desaparición forzada de personas cometida por particulares), es decir, por las múltiples violaciones procesales, se les dejó en completo estado de indefensión”.

Tortura

El 27 de julio, mientras Enerida Gómez, madre de cinco de los menores retenidos, reclamaba su maternidad en Tuxtla Gutiérrez, le informaron sobre el supuesto suicidio de su padre Adolfo Gómez, en el interior del CERSS 5 de San Cristóbal.

Días antes, Adolfo le había solicitado 40 mil pesos para su “protección”. Posteriormente fue encontrado sin vida con huellas de violencia y tortura.
Las organizaciones Melel Xojobal y Colectiva Cereza, declararon que al entrevistarse con la Fiscal Altos, Adriana Rebolledo, obtuvieron como respuesta que se había realizado una necropsia y que la causa de la muerte fue por asfixia por ahorcamiento, mostrando una foto donde se veía a Adolfo, en pie, rígido, con una cuerda al cuello sujeta a una reja (observando que la cuerda estaba floja).

La Fiscal también dijo que la investigación continuaba abierta.
En tanto, existen al menos seis órdenes de aprehensión contra más familiares que en el momento del cateo, el 17 de julio, se encontraban en otro lugar buscando respuestas por la detención de Adolfo Gómez.

[nota_relacionada id=1200599]

Se niegan a entregarlos

Por su parte, Jennifer Haza, de la organización civil “Melel Xojobal”, dijo que sólo nueve de los 23 menores cuentan con acta de nacimiento y dos con certificado de alumbramiento, consecuencia de un grave, persistente y añejo problema en Chiapas, donde cuatro de cada 10 infantes carecen de un acta de nacimiento.

Aunque los niños y niñas retenidos han identificado plenamente a sus abuelos, tíos y tías, en presencia de representantes de la FGE y pese a la presentación de documentación oficial que acredita el parentesco, la autoridad se niega a entregarlos.

Para la Colectiva Cereza, el DIF se ha concentrado en ayudar a la Fiscalía con la retención de los niñas y niñas, dejando a un lado la perspectiva de género y los derechos humanos.

“Lo que causa más horror, es comprobar cómo instancias que tenían que estar más cerca y sensibles de la población en especial a la situación de derechos humanos de madres niños y niñas como es el DIF, colabora con la Fiscalía Indígena y de Trata para para la privación ilegal de la libertad de Hortensia, Juanita y Maribel”.

Manifestaron también la negativa de las autoridades del Sistema DIF a garantizar el derecho a vivir en familia, al establecer obstáculos administrativos para retrasar la reunificación familiar de las niñas y niños retenidos.

Las organizaciones lamentaron el dolor, pérdidas invaluables, afectación emocional, jurídica, social y económica de las familias Gómez Sánchez y Montejo. Además señalaron la violación de derechos humanos irreparable y la violación que trasciende a toda la población por esta injusticia que muestra el estado de abandono jurídico y de derechos humanos por parte de todas las instituciones del Estado de Chiapas.

Por: Jeny Pascacio

dhfm


Compartir