El saqueo de al menos tres mil millones de pesos de la extinta Policía Federal, perpetrado por Jesús Orta y Frida Martínez Zamora, a través de operaciones con cheques, pagos inflados de software espía y helicópteros, donde se centra la indagatoria de las autoridades, se realizó a través de cinco rutas financieras que convergen en Hidalgo.
Los indicios apuntan a que en ese estado, tierra natal del actual líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de Gobernación y jefe de ambos personajes, se concentraron los desvíos millonarios de la red presuntamente operada por Orta y Martínez. Se realizaron, apuntan indagatorias, por cinco rutas financieras.
Se tienen indicios de que en ellas se realizaban depósitos multimillonarios de los recursos desviados de las arcas de la Policía Federal, vía la red de 17 funcionarios de la corporación que respondían a las órdenes de Orta y Martínez, ahora prófugos.
Por ejemplo, detectaron irregularidades en la operación para comprar un sistema de seguimiento y rastreo de comunicaciones adquirido por la Secretaría General de la PF, en las gestiones de Orta y Martínez a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems.
[nota_relacionada id= 1189645]Por ese programa de espionaje se pactaron dos mil 458 millones de pesos, sin que se tenga un informe de resultados. Además, se destaca que ambos funcionarios sólo pagaron mil 200 millones, lo que generó una deuda de mil 200 millones que la actual administración aún no puede saldar.
Por otra parte, en la administración de Frida Martínez, también hidalguense, el oficio SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C046/2015 detalla un pago de ocho millones 600 mil dólares a una compañía estadounidense que debió dar mantenimiento a una flota de helicópteros Black Hawk de la PF.
Pero los registros indican que sólo una aeronave tuvo arreglos y limpieza de motor, por ese contrato autorizado y firmado por Martínez. También detectaron pagos irregulares el 31 de marzo de 2016, por mantenimiento mecánico y de instrumentación para aviones y helicópteros.
El oficio SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C023/2016 refiere que la operación fue por 890 millones de pesos; sólo 467 millones fueron solventados, lo que generó que la dependencia iniciara 2017 con una deuda de 423 millones.
Por Iván Ramírez
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