Después de la vinculación a proceso del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca acusado de abuso de autoridad por solicitar medicamentos a un paciente de Covid-19, los abogados Manuel Negrón y Antonio Juárez, dijeron que la parte acusatoria aportó datos de prueba que no tienen razón jurídica y son inverosímiles.
Fueron varias horas de audiencia para presentar las pruebas, como los riesgos en la salud del imputado por un padecimiento de insuficiencia cardiaca y con ello solicitar que el proceso se lleve en libertad, al ser un delito no grave.
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Pero el juez Carlos Inocencio Morales Urbina “tomó decisiones tan arbitrarias; el caso del médico es un caso político”, dijeron. La autoridad se justificó con el argumento de que el médico representa un peligro para la denunciante Karen Alejandra Ramírez, pese a no tener antecedentes penales.
Agregaron que las pruebas que se presentaron en su defensa no fueron tomadas en cuenta. Pero sí, las recetas que están firmadas por otros médicos y por las que responsabilizan a Grajales Yuca.
Tras la audiencia, el médico fue trasladado nuevamente al Centro Estatal Preventivo “El Canelo”, ubicado en Chiapa de Corzo.
Esta mañana, decenas de trabajadores de la salud de todo Chiapas, se manifestaron por las calles de Tuxtla Gutiérrez y realizaron un mitin en la entrada de Palacio de Gobierno para exigir la libertad del urgenciólogo.
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Algunos, portaban pancartas agradeciendo al especialista por salvar la vida de sus familiares, pues a decir del personal médico, Gerardo Vicente era un excelente profesional del área de Covid en el Hospital Vida Mejor del Isstech.
En este tenor, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que investiga la estructura directiva del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, por conductas delictivas y presentó a la testigo colaboradora Ana Paula Rubiano Murcia, trabajadora cercana al médico detenido.
Por: Jeny Pascacio
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