Tras señalar que al Consorcio Universitario le deben quedar claro que atrás quedaron los tiempos de las “canonjías” en Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que sí hay personas, entidades o instituciones de educación privada que se sientan agredidas con la Ley de Educación aprobada el 15 de mayo están en la libertad de ampararse “y si ganan porque lo que quieren hacer es presión social para que las autoridades federales les hagan caso y los compensen, habrán ganado no tengo problemas”.
Agregó que “soy alguien que está formado en esa ruta de la creación de leyes y de su discusión en los órganos constitucionales pero no en la guerra sucia y la mentira, Puebla ya cambió, y no habrá las canonjías de antes, las que recibieron de otros gobiernos”.
Manifestó que si el Consorcio Universitario pretendía que la ley no se aplicara en Puebla era una situación imposible, ya que se trata de un ordenamiento de carácter federal, “ellos lo saben nada más que andan jugando con esa vieja moral del conservadurismo de la derecha, de la mentira, del engaño, de la simulación”.
El artículo 105 que ha generado la polémica
Expresó que el artículo 105 que ha generado la polémica, es similar al 99 de la Ley Federal de Educación y no significa que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privada vayan a pasar a ser propiedad del estado.
"Están creando una cortina de humo porque a ellos lo que les molesta son otras cosas, los asuntos por los cuales ya no van a poder abusar de los alumnos, ya no van a poder retener sus documentos, ya no y juegan con las estrategias de esas que usaron los conservadores del siglo XIX”.
En tanto, son cerca de 40 las instituciones educativas que se han acercado al Partido Acción Nacional (PAN) con el objetivo de que sean asesorados para interponer amparos contra esta normativa.
Mientras que el especialista en educación de la Universidad Iberoamericana, José Guadalupe Sánchez Aviña, consideró que el proceso de integración de los reglamentos para la aplicación de esta ley es una oportunidad para incorporar las voces de todos los sectores involucrados y esclarecer los puntos que han generado controversia en el articulado.
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