Cada defensor público a nivel federal atiende, en promedio, 151 casos al año y ganan hasta 66 por ciento de los casos después de cierto tiempo.
Netzaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, señaló a El Heraldo de México, que hay entidades con menos demanda como Yucatán o Campeche y otros con más casos como Baja California y Jalisco, además que hay aproximadamente 824 defensores públicos federales que litigan asuntos en materia penal.
“Si lo comparas con las defensorías locales o con otras instancias donde también tienen abogados gratuitos, ellos llevan miles de asuntos al año, eso obviamente merma la capacidad de los abogados de estudiar a fondo los asuntos.
“En cambio nuestros abogados tienen estudio de fondo de los asuntos, conocen sus expedientes y esto se refleja en el éxito de nuestros litigios", señaló.
En materia penal, los defensores ganan en primera instancia un tercio de los casos y en segunda instancia, es decir, en apelación, dos tercios de todos los casos, detalló.
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“Llegamos más o menos al 66 por ciento de los casos ganados después de un tiempo claro, no se gana de inmediato porque en la primera instancia digamos que la Fiscalía gana dos de cada tres, pero en apelación nosotros ganamos dos de cada tres", detalló.
Este instituto también tiene 198 asesores jurídicos que ven asuntos en materia administrativa fiscal y civil y que tienen un índice del 80 por ciento de casos ganados, lo que representa 8 de cada 10 asuntos que litigan.
El IFDP abrió dos convocatorias con las que se busca 30 defensores públicos, una de estas es exclusiva para mujeres.
“Por el momento es una convocatoria restringida a personal de nuestra institución", dijo.
Sandoval Ballesteros, quien desde hace poco más de un año encabeza el instituto, aseguró que la defensoría pública federal era obsoleta en algunos temas como el uso de papel, por lo que ahora se hace mayor uso de la firma electrónica, además que ya tiene peritos porque anteriormente se solicitaba el apoyo de la Fiscalía General de la República.
“Lo que sí encontré como un defecto sistemático de la institución es que no actuaba como un despacho, actuaba más como un listado de abogados que se asignaban a los casos, pero no había una estrategia unificada y no había respaldo para esos abogados...
“Nuestros abogados podían argumentar sobre leyes, sobre las normas aplicables, pero tenían muchas limitaciones para argumentar sobre los hechos porque no tenían acceso a peritajes”, enfatizó.
Por Diana Martínez
psc