Al menos 23 superdelegados impugnaron la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de que 36 servidores públicos difundieron el nombre y los logros de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al entregar programas sociales.
Por ello, pidieron al TEPJF determinar que no violaron la Constitución, bajo el argumento de que cumplieron con las reglas de los programas y no desviaron recursos públicos.
A estas impugnaciones se suman las de una veintena de subdelegados regionales y de servidores de la nación que fueron señalados por la Sala Regional Especializada por el mismo hecho.
Entre los que impugnaron se encuentra Indira Vizcaíno, de Colima; Rodrigo Abdalá, de Puebla; Hugo Eric Flores, de Morelos; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero (quien además es hermano de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval), y Joaquín Díaz Mena, de Yucatán.
En diciembre pasado, la Sala Regional Especializada absolvió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores y al coordinador general de programas para el desarrollo, Gabriel García, luego de que fueron acusados por el PRD de realizar propaganda gubernamental y desviar recursos vía la promoción de apoyos sociales.
No obstante, consideró que otros funcionarios relacionados con la promoción y entrega de programas sí tenían responsabilidad.
“Se determinó que 36 servidores y servidoras públicas (en delegaciones, subdelegaciones regionales, y “servidores de la Nación”) realizaron actos de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con la entrega de programas sociales, que además se difundieron en diversas redes sociales de estas personas del servicio público y en notas periodísticas”, puntualizó la Sala en un comunicado.
La sentencia fue enviada al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar y a la propia titular de la dependencia para que estos determinaran las sanciones correspondientes.
La decisión fue impugnada por el propio PRD (que insiste en que se sancione al presidente López Obrador) y por los delegados estatales, subdelegados regionales y servidores de la nación señalados. Las impugnaciones fueron turnadas al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendrá a su cargo la elaboración del proyecto de sentencia sobre el caso.
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Por Nayeli Cortés
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