El tipo penal de feminicidio “no desaparece” de las leyes mexicanas, pero va a ser reformado para facilitar su judicialización, y a finales de febrero va a estar lista la propuesta, acordaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cámara de Diputados.
Dicho pacto se dio ayer en reunión del fiscal general Alejandro Gertz Manero con 33 diputadas y cuatro diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, misma que inició con reproches al funcionario.
“Cuando un tipo penal es sumamente complicado no ayudamos a la víctima, tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando llegamos a los jueces no se nos vengan abajo”, dijo.
Ambas partes acordaron crear un grupo técnico que redacte en los siguientes días la iniciativa y quite “los problemas técnicos jurídicos” para procesar a una persona por este delito.
La propuesta de Gertz Manero provocó los aplausos de las diputadas, como la perredista Verónica Juárez, la petista Martha Dekker y la morneista Lorena Villavicencio, quienes minutos le reprocharon su supuesta intención de eliminar el feminicidio, para juzgar este delito como homicidio de una mujer con agravantes.
SENADO ENDURECE MEDIDAS
Para atajar posibles casos de feminicidios, el Pleno del Senado avaló ampliar medidas de protección a mujeres y niñas, así como la posibilidad de que servicios de salud puedan proveer de una Irrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de violación.
Todas las bancadas de la Cámara alta aprobaron, con 104 votos a favor y dos abstenciones, reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las que se amplió hasta 60 días —prorrogables por 30 más— las órdenes de protección para las mujeres que han sido violentadas. Además, se obliga a autoridades de los tres órdenes de gobierno a atender a las mujeres y niñas que padecen violencia, aún cuando no sea su entidad de origen o residencia.
Incluyeron modificaciones a la ley para que mujeres y niñas en situación de violencia sexual sean canalizadas a instituciones de salud con el fin de que se les proporcionen antirretrovirales, anticonceptivos de emergencia y la posibilidad de “interrupción legal y voluntaria del embarazo”.
Las mujeres violentadas y sus hijos podrán tener protección personal y domiciliaria permanente de elementos ministerial o de la policía. Incluso, se podrán poner localizadores electrónicos a las personas agresoras.
Por Iván E. Saldaña y Misael Zavala
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