El Sistema Penitenciario de la CDMX falló en su responsabilidad de cuidar la vida de las personas privadas de la libertad, lo cual derivó en siete muertes violentas entre 2016 y 2018.
Ayer, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), que encabeza Nashieli Ramírez, emitió su tercera recomendación del año (3/2020), ahora contra la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalino y su omisión al vulnerar el derecho a la vida en el interior de las cárceles, lo que derivó en situaciones violentas y decesos.
Discusión legislativa
La presidenta del organismo hizo un enérgico llamado a considerar los impactos integrales que tendrá romper el espíritu de la reforma constitucional en materia de Justicia Penal en el país, como el aumento de la población penitenciaria, lo que puede resultar en el agravamiento de las violaciones a derechos humanos, como las documentadas en su recomendación.
Lo anterior se da en el contexto de la actual discusión legislativa, orientada a aumentar el catálogo de delitos por los cuales se permitirá la prisión preventiva oficiosa.
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Ramírez explicó que se vulneró el derecho a la vida de siete personas como consecuencia de la omisión del personal de los centros penitenciarios para cumplir su deber respecto a la integridad de quienes están bajo la custodia del Estado.
Omisión
Aseguró que la autoridad también omitió realizar un adecuado control de ingreso para evitar la presencia de objetos y sustancias prohibidas.
Los hechos sucedieron entre 2016 y 2018, en un contexto en el que, a pesar de la tendencia en la disminución de la población penitenciaria, persistía la alta densidad en reclusión.
Los fallecimientos derivaron en riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre internos, que evidenciaron la omisión en el cuidado por parte de personal técnico penitenciario y de custodia, además de una situación de violencia generalizada.
La ombudsperson capitalina recordó que hechos similares ya habían sido motivo de la Recomendación 18/2015, en la cual se documentaron 40 casos con 46 víctimas de muerte violenta.
Daños institucionales
Un elemento detonante de los fallecimientos violentos fue el hacinamiento. De esa forma –expuso– es preciso asegurar que los diseños institucionales penitenciarios realmente contribuyan a resolver el problema originario al que buscan dar respuesta, y no agravarlo.
Dijo que si bien un delito llevó a las personas a cumplir una sanción, no se puede pasar por alto que otro los orille a perder la vida.
Entre los puntos de la recomendación destacan el impulsar la inscripción de las víctimas indirectas al Registro de Víctimas de la CDMX para la aprobación de planes individuales de reparación integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local.
También, ejecutar todas las medidas contenidas en los planes de reparación aprobados, bajo los principios de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria.
Por Manuel Durán